El Ministerio del Interior inicia la regularización urgente de 21.000 ecuatorianos
A principios de abril el ministro del Interior, Mariano Rajoy, interrumpió los viajes de ecuatorianos a Quito. En España quedaron, sin saber a qué atenerse, 20.789 personas que habían aceptado la oferta del Ejecutivo para volver a su país y tramitar allí su regularización. Desde mediados del mes pasado están siendo llamados por las delegaciones del Gobierno. Interior ha decidido que todos ellos, sin excepción, dejen de ser ilegales en poco más de un mes. Un tiempo récord. Y sin tener que viajar a Ecuador, como sus 4.095 compatriotas que también se apuntaron a la Operación Retorno y que según el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, deben volar a Quito. Sólo lo han hecho hasta el momento 3.420 personas, de las que sólo 2.000 han regresado a España.
Frente a los aproximadamente diez meses que tienen que esperar los demás inmigrantes para conseguir cita y que se resuelva su expediente por la vía ordinaria, a ellos 'se les está dando prioridad', afirman desde la Delegación del Gobierno de Madrid. De esta manera, un mes después de presentar una oferta de empleo junto con el empleador, tendrán listos el visado y el permiso de trabajo.
La secretaria de Migraciones y Asuntos Sociales del PSOE, Consuelo Rumi, considera que estas medidas del Ejecutivo son 'regularizaciones encubiertas'. 'El Gobierno aplica lo que meses antes negó a la oposición, pero sin reconocerlo'.
Para la bolsa de cerca de 50.000 ecuatorianos sin papeles que se calcula que no se acogieron a la oferta del Gobierno, sigue sin haber solución. 'No solicité el retorno porque no estaba de acuerdo con la forma, no me lo creía y porque no tenía una oferta en firme', dice Alexander, que llegó a España hace cinco meses y que desde entonces trabaja de forma irregular en una empresa de mantenimiento.
Jesús, de 32 años y asimismo sin papeles, tampoco se apuntó al retorno y ahora se arrepiente, porque no ve una salida a su situación. Sin embargo, afirma que no se va a rendir: 'No pienso volver a Ecuador'.
Raúl Jiménez, portavoz de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, asegura que 'en Murcia, por ejemplo, los trabajadores vuelven a las huertas, pero en peores condiciones que antes de que entrara en vigor la Ley de Extranjería. Ahora los empresarios pagan menos por los riesgos que dicen correr con las multas que establece la ley para quien contrate a irregulares'.
'Medida discriminatoria'
Tras la cancelación de la Operación Ecuador, el Gobierno ha descartado intentar algo parecido con otro país. Tanto Mustafá Elmerabet, del colectivo marroquí ATIME, como Pedro Arias, de la colombiana ACOMA, denuncian que las ventajas a los ecuatorianos suponen una 'discriminación' para sus compatriotas, y culpan de ello tanto a sus respectivos gobiernos, por no presionar más al español, como al Ejecutivo de Aznar. Sin embargo, mientras Arias afirma que los colombianos estarían dispuestos a aceptar el retorno 'si se asegurase la vuelta', Elmerabet explica que 'de ninguna manera' lo admitirían, 'y menos cuando el caso de Ecuador ha demostrado que no es necesario'.
Pero no todo son buenas noticias para los ecuatorianos. La cancelación de los viajes a Quito ha dejado al otro lado del charco a 1.420 personas sin fecha de retorno prevista, informa Marcia Cevallos. El plan del Gobierno, que debería concluir el 14 de este mes, se prolongará hasta el verano. 'El procedimiento está resultando mucho más complejo de lo que había supuesto Madrid', asegura Santiago Chávez, funcionario encargado de las labores de enlace entre los gobiernos de España y Ecuador. 'Varios vuelos de Iberia han sido pospuestos y algunos empresarios españoles no han ratificado los contratos de los inmigrantes'. Eduardo Blanco, responsable del plan de repatriación, voló la semana pasada a Madrid para negociar los nuevos plazos.
