Los inmigrantes tendrán menos de 30 días para la nueva regularización

En la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros, Rajoy se refirió a lo que denominó 'tercera situación de regularización'. Dijo que, hasta la aprobación del Reglamento, el arraigo consistirá en encontrarse en España antes del 23 de enero de este año. Y que a partir de la entrada en vigor de la norma los solicitantes deberán acreditar una permanencia mínima de tres años en el país.

Quienes se presenten a la regularización anunciada el miércoles deberán demostrar 'la incorporación real o potencial al mercado de trabajo, la anterior residencia regular en España o la existencia de vínculos familiares con extranjeros residentes o con españoles'. El ministro no precisó el grado que han de tener dichos parentescos.

Al cumplimiento de los anteriores requisitos se suma que los demandantes no estén incursos en alguna de las causas de expulsión que establece la Ley de Extranjería, ni haya sido acordada su expulsión con anterioridad, ni tengan prohibida la entrada en territorio español, ni tengan un proceso penal en curso.

'Es la misma interpretación que ya se ha hecho en Valencia y en Cataluña, en todo el arco mediterráneo, que es donde realmente hay mayor concentración de inmigrantes', dijo Rajoy. También aseguró que todos los delegados y subdelegados del Gobierno recibieron ayer 'instrucciones claras, mediante una circular interpretativa' remitida por la Delegación para la Extranjería. Las delegaciones del Gobierno ya habían cerrado cuando el ministro hizo este anuncio, por lo que fue imposible comprobar la aplicación de la mencionada circular.

El modo en que el Gobierno está abordando esta regularización volvió a ser criticado ayer por partidos y sindicatos. La secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, lo calificó de 'grave irresponsabilidad'. Añadió que nada de lo que está sucediendo hubiera ocurrido si el Ejecutivo hubiera adoptado la solución propuesta por su partido, que establecía una regularización por real decreto.

La responsable de Migraciones de IU, Susana López, anunció la presentación de una iniciativa en el Congreso, 'para que el Gobierno explique cómo piensa regular el proceso que acaba de abrir, con qué medios y con qué criterios objetivos. No vale apelar en abstracto a la aplicación del artículo 34 de la ley, que se ha tenido que concretar, provincia a provincia, a golpe de encierro'. CC OO y UGT manifestaron críticas similares.