Los acuerdos del Gobierno con los inmigrantes carecen de validez jurídica

'Los acuerdos a los que se ha llegado con los encerrados, jurídicamente no tienen ningún valor'. Desde la Oficina del Defensor del Pueblo se definen así los tres compromisos firmados entre delegaciones del Gobierno e inmigrantes irregulares encerrados. 'Los delegados del Gobierno no tienen capacidad para firmar estos acuerdos, por lo que no generan efectos jurídicos sino de buena voluntad', advierte la citada oficina.

Estos tres acuerdos recogen la revisión 'en los términos de máxima amplitud' de los expedientes rechazados durante el proceso de regularización y 'la revisión al amparo del artículo 31.4 de la ley', que habla de motivos de arraigo y razones humanitarias, de todos aquellos que puedan acreditar haber estado en la región donde solicitan los permisos antes de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería (el 23 de enero pasado) y presenten una oferta de empleo. Las diferencias entre las tres comuniddes se refieren a los afectados. En un caso favorecen sólo a las personas que se encerraron (Murcia) y en los otros dos a todos los inmigrantes (Valencia y Cataluña). Además de estos convenios se están negociando otros semejantes en Almería y Madrid.

Desde la Oficina del Defensor se puntualiza que no sólo 'la Administración ha actuado de forma informal', sino también 'algunos Defensores del Pueblo de las distintas comunidades, que han actuado con buena voluntad, aunque en los límites de sus competencias'.

A pesar de esto, el Defensor del Pueblo no ha hecho llegar ninguna recomendación al Gobierno ni ha intervenido ni a favor ni en contra en la firma de los acuerdos, porque 'cuando la realidad supera las posibilidades de la Administración hay que actuar, y en estos casos estamos hablando de emergencias humanitarias. Además, no se pidió nuestra participación'. Salvo en el caso de Madrid: 'Aquí, hemos accedido a actuar como mediadores porque pensamos que podíamos aportar recursos jurídicos que dinamicen el proceso y hacer un mayor seguimiento, a pesar de que el valor jurídico de este acuerdo va a ser el mismo que en los otros casos', añade la Oficina del Defensor.

Las dudas sobre la validez de estos convenios no son sólo del Defensor. Desde el sindicato CC OO, Paloma López, secretaria de Política Social, habla de 'parches políticos a la inmigración', y su homólogo en Cataluña, Llorens Serrano, explica que en esa comunidad el sindicato asistió 'a las reuniones, pero no participó de forma activa porque el acuerdo no tiene validez jurídica, sino que se basa en la buena voluntad de la Administración'.

Ni siquiera todos los colectivos de inmigrantes apoyan estos acuerdos. Alde Hamid Bujuki, presidente de la asociación marroquí ATIME cree que se trata de 'una tomadura de pelo'. ATIME participó en la firma del acuerdo de Murcia, lo que ahora califica de 'error'. 'Estos convenios no sólo no dan ninguna seguridad jurídica, sino que además fomentan la desigualdad', por lo que Bujuki pide que se acabe 'con estas regularizaciones discriminatorias'.

Consuelo Rumí, secretaria de Política Social del PSOE, incide en la indefensión jurídica de los inmigrantes tras la firma de estos convenios: 'Si mañana el Gobierno decide dar marcha atrás ¿en base a qué van a recurrir los inmigrantes? No existe una normativa, sólo un acuerdo entre un delegado del Gobierno y unas organizaciones. Este tipo de regularizaciones se debería regir mediante un real decreto'. Rumí denuncia además que 'el Gobierno está utilizando estos acuerdos para realizar una regularización encubierta y discriminatoria', y añade que 'el PP rechazó en febrero una iniciativa nuestra que decía lo mismo que estos acuerdos pero a nivel estatal. Sin embargo, ha decidido aplicar la medida de forma sectaria y sentando el precedente de que Interior sólo suscribe acuerdos si previamente han mediado encierros'.

El ministro del Interior, Mariano Rajoy, defendió en la última sesión de control parlamentario del Gobierno que todas las regularizaciones se atienen a la Ley de Extranjería y que en el caso concreto de los acuerdos firmados se está aplicando el artículo 31.4 de esa normativa legal.