Interior regularizará a los inmigrantes llegados antes del 23 de enero

Poco antes de su entrevista con Rumí, el titular de Interior compareció junto al defensor del pueblo, Enrique Múgica, en una rueda de prensa para anunciar que extenderá a toda España, 'con la máxima flexibilidad', los criterios de arraigo o razones humanitarias que ya se han aplicado a los grupos de inmigrantes que han protagonizado encierros en varias ciudades. No obstante, reconoció que el 'único criterio verdaderamente objetivo' en este proceso de regularización será la fecha: los extranjeros deberán demostrar que se hallaban en España antes del 23 de enero de este año, día en que entró en vigor la Ley de Extranjería.

Rumí se felicitó por el hecho de que el Gobierno rectifique sus anteriores declaraciones en el sentido de que no habría un nuevo proceso de regularización, pero lamentó que, 'por evitar dar la razón' a los socialistas, no acepte la enmienda propuesta por el PSOE y lo aborde a través de un real decreto, 'lo que evitaría arbitrariedades'.

El ministro destacó en varias ocasiones que éste es un 'período transitorio' que acabará una vez que se apruebe el Reglamento, previsiblemente en julio, y concluyan la revisión de oficio de 55.000 expedientes rechazados en el último proceso de regularización y el estudio de las solicitudes que se han presentado por la vía ordinaria o alegando el artículo 31 de la Ley de Extranjería (arraigo o razones humanitarias).

Trabajo espectacular Rajoy reconoció 'dificultades' en las oficinas de extranjería debido a que 'éste es un proceso tremendamente complejo y supone una carga de trabajo espectacular', y advirtió: 'Cuando finalicen estos procesos de regularización no habrá más'. Una vez que entre en vigor el Reglamento podrán obtener permiso de residencia temporal las personas que acrediten su permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años y tengan una situación 'excepcional y acreditada de arraigo' o las que hayan sido víctimas de delitos de xenofobia o racismo. El anuncio de un nuevo proceso de regularización por la vía del arraigo y las razones humanitarias provocó reacciones dispares entre las fuerzas políticas y sociales. El PSOE volvió a 'tender la mano' al Ejecutivo 'para establecer una línea de conversaciones sobre la política de inmigración que necesita España', en palabras de Rumí. La Coordinadora Estatal de Inmigrantes Con y Sin Papeles consideró que las declaraciones de Rajoy suponen que el Gobierno 'ha terminado cediendo' a la campaña de desobediencia civil de los inmigrantes. Y la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui mostró sus reservas y manifestó que es preciso que la intención declarada por el Gobierno se incluya como anexo en el reglamento, para que tenga validez jurídica. La reacción más dura corrió a cargo de UGT, cuya comisión ejecutiva confederal hizo público un comunicado en el que califica las declaraciones del ministro como 'el colofón de las rocambolescas actuaciones que el Gobierno ha llevado a cabo desde que entró en vigor la reforma de la Ley de Extranjería. Tendríamos que llegar a la conclusión de que en materia de inmigración todo vale, no son precisas normas y la seguridad jurídica es un bien llamado a extinguirse', añade.