Más de 15.000 ecuatorianos se han acogido al 'retorno voluntario'
En los primeros días, la 'oferta' del Ejecutivo provocó escaso entusiasmo entre sus destinatarios, recelosos de las verdaderas intenciones de la Administración. Pero las crecientes dificultades para encontrar trabajo tras la entrada en vigor de la Ley de Extranjería, que amenaza con severas multas e incluso cárcel al empresario que contrate a un inmigrante irregular, dejaron a muchos de ellos en la indigencia.
A partir del viernes, comenzaron a acudir, cada vez en mayor número, a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, hasta el punto de que varias de ellas, como Madrid, Barcelona y Alicante, se vieron obligadas a concertar citas para atender mañana los últimos casos pendientes. Otras, como Murcia o Las Palmas, ampliaron su horario de atención al público.
El mayor número de solicitudes se registró en Murcia (en donde habían recibido 6.886 sólo hasta las 17.00) y en Madrid (4.440 el miércoles, 24 horas antes de que finalizara el plazo, y unas 1.500 más ayer). En la Comunidad Valenciana llevaban 1.340 cuando aún tenían por delante todo el día de ayer.
La delegada del Gobierno en Valencia, Carmen Mas, declaró que el martes se habían atendido en la ciudad 200 peticiones. En la mañana de ayer, otros dos centenares de personas guardaban cola ante las dependencias oficiales. En Barcelona, hasta el viernes habían recibido a menos de 200 inmigrantes, pero ayer se aproximaban a los 700. Lo mismo sucedió en Las Palmas.
La afluencia de candidatos a la repatriación no afectó sólo a las grandes capitales, puesto que en Tarragona se presentaron 55, ni a las comunidades con mayor número de inmigrantes, ya que en Navarra contabilizaron 439.
A pesar de lo abultado de estas cifras, las asociaciones de inmigrantes calificaron de fracaso la acogida entre los ecuatorianos de la propuesta de volar a Quito para regularizar su situación. La organización hispano ecuatoriana Rumiñahui cifra en 150.000 los irregulares que viven en España. Con este dato en la mano, su portavoz, Raúl Jiménez, considera que el Gobierno sólo ha convencido al 10%. Aunque la cifra de sin papeles oscila entre 50.000 y 150.000, según las fuentes, un dato puede dar idea de su dimensión: la Delegación del Gobierno de Madrid atendió 20.000 consultas y recibió, aproximadamente, la cuarta parte de peticiones, informa Begoña Aguirre.
