Interior revisará la situación irregular de 60.000 inmigrantes

El ministro portavoz, Pío Cabanillas, anunció, tras la reunión del Gabinete, que la Administración procederá de oficio a reexaminar todas las solicitudes de regularización de inmigrantes denegadas por el único motivo de no haber podido acreditar que se encontraban en España antes del 1 de junio de 1999.

En el último proceso de regularización la Administración legalizó la situación de 137.454 inmigrantes y rechazó la solicitud de 82.845, de un total de 226.570 peticiones que estudió (6.271 fueron archivadas). De las 82.845 solicitudes rechazadas, el ministro portavoz señaló que 61.365 corresponden a quienes no pudieron acreditar su permanencia en España antes del 1 de junio de 1999. Ahora el Gobierno debe estudiarlas en esta repesca. Pero también aclaró que el proceso no será automático y que serán estudiados uno por uno todos los expedientes.

El real decreto, aprobado ayer, precisa que todos los extranjeros que estén en la citada situación y se encuentren en España a la entrada en vigor del mismo serán documentados con un permiso de trabajo y residencia, un permiso de residencia o una tarjeta de residencia en régimen comunitario.

El ministro portavoz aclaró que serán excluidos de los beneficios del texto los inmigrantes sobre los que pese una orden de expulsión o que se encuentren inmersos en causas de expulsión o prohibición o tengan un proceso penal en curso. El seguimiento de las actuaciones relacionadas con este asunto será coordinado por la Comisión Interministerial de Extranjería.

La Administración, según señaló Cabanillas, concluirá el proceso en el plazo de tres meses, como máximo, desde la entrada en vigor del real decreto. Este plazo permitirá a los organismos administrativos requerir al interesado la documentación imprescindible para verificar los requisitos exigidos en la norma aprobada ayer.

La secretaria de políticas sociales y migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, recordó ayer que el real decreto es consecuencia de una iniciativa parlamentaria socialista y se felicitó de que, 'finalmente, se haya podido dar una situación satisfactoria a la situación de miles de personas'. Aprovechó la ocasión para poner de manifiesto 'el acierto pleno de la estrategia que mantuvo el PSOE con respecto a la reforma de la Ley de Extranjería', que atribuyó a 'la voluntad de los socialistas de realizar una oposición útil a la sociedad'. Recordó que el principal partido de la oposición fue blanco de críticas por no presentar una enmienda a la totalidad de la ley. 'Ahora se comprueba', añadió, 'que nuestra disposición al diálogo, si no fue suficiente para superar la flexibilidad del Gobierno y del PP con respecto al reconocimiento de los derechos fundamentales para los inmigrantes, sí ha podido servir para dar respuesta a la situación en que vivían miles de ellos'.

Críticas de CC OO

Más crítica se mostró la responsable de políticas de inmigración de Comisiones Obreras, Paloma López, quien afirmó que el decreto de revisión 'es injusto y deja indefensos a los afectados'.

En declaraciones a Europa Press, López explicó que el proceso de regularización exigía dos requisitos para poder acogerse a él: demostrar la estancia en España desde antes del 1 de junio de 1999 y haber tenido o haber solicitado anteriormente un permiso de trabajo o de residencia y trabajo antes del 31 de marzo de 2000.

'El Gobierno sólo revisará los expedientes de las personas que no han podido desmostrar el primer requisito, dejando fuera a todos los que no han podido demostrar el segundo', dijo López. 'De esta forma se potencia a las organizaciones y personas que se presentaron al proceso aún sabiendo que no cumplían todas las exigencias'. La sindicalista explicó que otras personas no se presentaron al proceso porque, a pesar de haber entrado en España antes del 1 de junio de 1999, no cumplían la segunda condición.

El portavoz de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de España (ATIME), Mustafa El Mirabet, valoró el real decreto, aunque insistió en que es insuficiente y que urge la búsqueda de soluciones a la situación de los inmigrantes que se encuentran en situación irregular pero con una oferta de trabajo. En este sentido, propuso un nuevo proceso de regularización. Además, coincidió con Consuelo Rumí en que el Gobierno no debe vender el real decreto como un regalo, porque es fruto de un acuerdo alcanzado por todos los grupos parlamentarios en el Congreso.

Por otra parte, el Consejo de Ministros autorizó la firma y la aplicación provisional del acuerdo entre España y Ecuador relativo a la regulación y ordenación de flujos migratorios que fue rubricado el 31 de enero en Quito por el ministro del Interior, Jaime Mayor. El objetivo del acuerdo es la creación del marco jurídico bilateral para prevenir las migraciones clandestinas y la explotación laboral de los extranjeros, según señaló el ministro portavoz.

Para el lunes está prevista la llegada a Madrid del primer grupo de 50 ecuatorianos que se acogieron a este convenio. Serán trasladados, en compañía de funcionarios de la Delegación del Gobierno, en un autobús desde Murcia. Una vez en Barajas, serán embarcados en un vuelo regular de Iberia con destino a Quito.