Mal precedente

Haber aceptado las condiciones que exigía Marruecos para un nuevo acuerdo de pesca con la UE, del que se beneficiaría esencialmente España, hubiera sentado un mal precedente con vistas a la renegociación de acuerdos con otros países terceros, pues los habría encarecido en exceso. En esta situación, se puede entender el carpetazo dado ayer formalmente en Luxemburgo por el Consejo de Ministros de Pesca de la UE a estas negociaciones, con el voto favorable de todos (España incluida), salvo Portugal. La oferta marroquí, que pedía el doble de dinero por la mitad de licencias, es no sólo inaceptable, sino difícil de comprender, aunque el tiempo esclarecerá quién saca provecho en Marruecos de esta posición y de este fracaso.

Ahora bien, constituye un mal precedente que el Gobierno español no haya sido capaz de lograr que los marroquíes flexibilizaran su actitud, aunque la negociación la haya conducido formalmente la Comisión Europea al tratarse de una política común. Y resulta escandaloso que el presidente del Gobierno intentara ayer en el Parlamento echar balones fuera señalando que los socialistas aceptaron en 1995 que el acuerdo pesquero firmado ese año fuera el último, aunque no pudiera citar a requerimiento de Rodríguez Zapatero ningún punto del texto que dijera tal cosa.

El carpetazo a una tradición pesquera secular afecta a unos 400 barcos y a casi 25.000 empleos directos e indirectos. Aunque forzada, ésta puede ser una oportunidad para llevar a cabo la reconversión pendiente de una flota que necesita modernizarse y adaptarse. El Gobierno logró en Niza una promesa de financiación suficiente para esta reconversión, que se reafirmó ayer, aunque sin concretar cifras. Pero falta un plan concreto para hacer frente a un vacío de actividad que tiene un impacto social importante y el Gobierno de España, la primera potencia pesquera de la UE, parece vacío de propuestas para desarrollar la política pesquera común.

La pesca ya no es el elemento central de las relaciones de España con Marruecos. Cuestiones como la colaboración en la lucha contra la inmigración clandestina en España o las inversiones españolas en el país vecino -por ejemplo, en telefonía móvil- tienen una enorme incidencia. España tiene mecanismos para presionar a Marruecos, pero una vez más resulta insensato que el propio Aznar anuncie públicamente la adopción de represalias económicas por parte de España y la UE. Esas cosas se hacen; no se dicen.