Europa quiere elegir a sus inmigrantes

Los 15 países de la Unión Europea (UE) necesitan 1,4 millones de inmigrantes al año para mantener sus actuales cifras de población activa y garantizar los sistemas estatales de pensiones y beneficios sociales. Es el precio del drástico envejecimiento de la población continental. Sólo en Alemania se precisan 350.000 trabajadores extranjeros, y en España, 240.000 al año. A pesar de ello, la UE se enfrenta al fenómeno desde una actitud de miedo y rechazo. Detrás de un discurso políticamente correcto se esconde una incapacidad para generar directrices comunes y el deseo de seleccionar inmigrantes según las necesidades del receptor: agricultores para España, enfermeras para Portugal o informáticos para Alemania o el Reino Unido...

Medio millón de 'ilegales' buscan hoy la vía para entrar en un país de la Unión Europea

Hay tres ejemplos de ese temor. Uno, estadístico. Seis de cada diez franceses consideran que hay 'demasiados extranjeros' (sobre todo árabes), según la última encuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La mitad de los franceses atribuye a los extranjeros el crecimiento de los gastos en seguridad social y un tercio les considera culpables de la inseguridad. Datos similares se repiten en el resto de la Unión.

El segundo ejemplo es político: Alemania y Austria han logrado imponer su criterio en el seno de la Comisión Europea para limitar en cinco años (más otros dos, si algún Estado miembro lo solicita) la libre circulación para los países del Este beneficiados por la ampliación. Las estadísticas desmienten la temida avalancha. En el primer año, sólo se esperan 350.000 trabajadores. Otro ejemplo político es la propuesta del Gobierno británico de reforma de la Carta de Refugiados de la ONU y la creación de una lista de naciones cuyos habitantes no puedan beneficiarse del derecho de asilo.

El tercero es policial. Ya funciona en pruebas el Eurodac, un gigantesco banco de datos que manejará las fichas de todos los inmigrantes ilegales descubiertos en la UE. En este superordenador se incluirán las huellas digitales de los 10 dedos de las manos de los inmigrantes mayores de 14 años. Nadie ha criticado la legalidad de esta medida, ni aun en el caso de los menores de edad.

Las cifras demuestran la magnitud del reto al que se enfrentan los Quince. Medio millón de inmigrantes buscan en estos momentos la vía, ilegal en la mayoría de los casos, de entrar en un país de la UE. Balcanes, España, Italia, Alemania y Austria son las principales fronteras. Por primera vez en la historia de la UE, el fenómeno afecta a todos, pues la supresión de las fronteras internas facilita la movilidad. Los Quince coinciden en que se trata de una cuestión que necesita ser abordada de forma conjunta. Pero éste es, por ahora, el único acuerdo de fondo.

En Asia, África y América Latina se ve a EE UU, Canadá o Europa como el edén. La película Lamerica, del italiano Gianni Amelio, muestra a decenas de albaneses en la depauperada época pos-Enver Hotxa sentados en un bar mirando atónitos un concurso televisivo de la RAI. El escritor albanés Ismaíl Kadaré sostiene que esa visión de la riqueza virtual es el verdadero efecto llamada.

Los Gobiernos europeos se enfrentan a dos realidades contradictorias. Son conscientes de la necesidad de inmigrantes para cubrir los agujeros del mercado laboral en una Europa envejecida y en la que la avalancha de inmigrantes ilegales, atrapados en las redes mafiosas de contrabando humano, no representa la solución a esa búsqueda.

La utilización política del miedo al extranjero impulsó en las urnas a partidos políticos ultraderechistas en Francia (Jean-Marie Le Pen) o Austria (el Partido Liberal de Jörg Haider logró un 27% en 1999). Hoy, ese discurso xenófobo se encuentra en retroceso en ambas naciones, pero se mantiene en otros. En España (antiguo exportador de inmigrantes), y con sólo un 2% de población inmigrante -tres veces menos que Francia, según Jean-Pierre Garson, experto de la OCDE-, han estallado graves conflictos, como el de El Ejido (Almería). O en el Reino Unido, a seis semanas de las elecciones, se ha anunciado la expulsión de 30.000 ilegales este año

Entre 1995 y 2025, el Eurostat estima que la población de la UE crecerá muy poco: de 372 millones a 386, pero la población activa -es decir, en edad laboral (de 20 a 64 años)- disminuirá. En 1995, Europa tenía una población activa de 225 millones de personas; en 2025 serán 223 millones; es decir, dos menos.

La UE tiene registrados cerca de 12 millones de inmigrantes, según la Oficina Internacional para las Migraciones. Cinco millones residen en Alemania; más de dos, en Francia; uno y medio en el Reino Unido, y más de medio millón, en Italia, Holanda o España. Pero en la Unión hay también al menos tres o cuatro millones de ilegales, según estimaciones del mismo organismo. Las regularizaciones en Francia o en España no han logrado los resultados apetecidos. El problema subsiste. Sólo en los Balcanes, la Comisión Europea cree que unos 200.000 inmigrantes, chinos y kurdos sobre todo, están a la espera de que las mafias consigan introducirlos en la UE. Una situación similar se registra en Marruecos.

La UE sólo consigue acuerdos rápidos cuando se trata de aplicar medidas policiales. Pero las de mayor calado político, como unificar legislaciones o lograr una verdadera política común, chocan de inmediato con los intereses nacionales. Por una parte, se quiere poner en marcha mecanismos de selección de inmigrantes, pero, por otra, se entrega esa selección a la policía. Bruselas insiste en que faltan por cubrir 800.000 puestos de trabajo en el sector de las nuevas tecnologías y que dicha cifra se duplicará en breve. No se logran avances en una legislación común para reconocer derechos de los inmigrantes o favorecer su integración. Incluso responsables como el español Enrique Fernández-Miranda defienden que los derechos sociales no son fundamentales.

En Francia, tradicional tierra de asilo, prende una idea inquietante. En la última década ha progresado 10 puntos la tesis de que se 'debe dejar de recibir a refugiados'. Esta tendencia se corresponde con una subida de demandantes de asilo. En 1998 fueron 22.500 (y el promedio de aceptados, de uno de cada cinco), y en 2000, unos 38.000. Esas cifras son inferiores a las británicas (76.000).

Los ministros del Interior de los Quince han decidido el envío a la antigua Yugoslavia de policías de fronteras (iniciativa de los Gobiernos de Londres e Italia) para controlar la llamada ruta de los Balcanes y se preparan para extender la experiencia a los países del Este que se adhieran a la UE en los próximos años. Medidas de control fronterizo, como el muro español en Ceuta o las torres del Estrecho, son subvencionadas por fondos europeos con el argumento de que, por encima de todo, hay que combatir a los traficantes de seres humanos.

El comisario europeo de Justicia e Interior, el portugués António Vitorino, ve con frustración cómo sus propuestas para sacar adelante normas comunes de acogida tropiezan una y otra vez con las reticencias de los Gobiernos. La propuesta sobre reagrupamiento familiar lleva meses atascada en el Consejo de la UE. Tampoco ha sido bien acogido el plan para que los inmigrantes que pasen cinco años en situación regular y legal en cualquier país de la UE tengan derecho al estatuto de residente de larga duración y poder desplazarse a cualquier país de la Unión con derecho a trabajar, estudiar y residir en ese segundo país.

Para tranquilizar los ánimos y disipar las tensiones, el propio Vitorino ha reiterado que la política migratoria seguirá siendo, en buena medida, competencia de los Estados, pero insiste en que hay que coordinarse. Propone, por ejemplo, que cada país de la UE comunique anualmente a Bruselas qué cantidad de inmigrantes está dispuesto a aceptar y a qué sectores laborales los dedicará.

Pero Bruselas pretende también, con poco éxito hasta ahora, que las iniciativas de los Gobiernos comiencen en los países de origen. Sólo Italia ha adoptado como suya la idea. Así, expertos y docentes italianos preparan en Albania a centenares de potenciales inmigrantes, a quienes enseñan un oficio y la lengua italiana.

A pesar de los esfuerzos policiales, las imágenes no cambian: cientos de turcos o kurdos hacinados en un barco al sur de Italia o en la Costa Azul francesa, decenas de pateras cruzando el Estrecho en dirección a Cádiz o en barcos que descargan inmigrantes frente a las costas de Fuerteventura... El escritor José Saramago lo expresó el año pasado con rotundidad: no existe muro ni armas para frenar la desesperación.

La política humanitaria de la UE y la de cada uno de sus países miembros (cicateros en su compromiso de entregar el 0,7% del PIB, excepto los escandinavos) adolece de visión. Hay expertos que aseguran que esta ayuda no sólo debe cumplir con un deber solidario; representa además una oportunidad de formar cuadros y suavizar la oleada inmigratoria. Las ONG van aún más lejos: la paz es el negocio de todos; la guerra, de unos pocos.

Reportaje coordinado por Ramón Lobo con información de Carlos Yárnoz (Bruselas), Joaquín Prieto (París), Lourdes Gómez (Londres), Julietta Rudich (Viena), Lola Galán (Roma) y Ciro Krauthausen (Berlín).