El Consejo de Estado forzó una 'profunda revisión' del foro de inmigrantes que diseñó el Gobierno

El Consejo de Estado dio el visto bueno al proyecto tras asegurar que podía ser aprobado si el Ejecutivo tomaba en cuenta las observaciones del dictamen (no vinculante) 'al preámbulo y a los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12bis y 15, así como las de carácter general'. El Consejo de Ministros aprobó el decreto el 30 de marzo, día en que la Comisión Permanente del Consejo de Estado debatió el dictamen. Pese a la simultaneidad de las decisiones, el texto que fue publicado en el BOE del 6 de abril recogió todos los retoques planteados por el Consejo de Estado salvo tres.

El real decreto, por ejemplo, mantiene el artículo 1, con una ligerísima variación (cambia la palabra 'promover' por 'servir'), a pesar de que el Consejo lo consideró 'innecesario'. Además, conserva la afirmación de que el foro es para los inmigrantes 'legalmente establecidos', una coletilla que no aparece en el título del decreto y que el consejero de estado Miguel Rodríguez-Piñeiro proscribió en un voto particular: 'Con ello trata de establecer un límite a la actuación del foro que la ley no ha establecido directamente (...) La integración social presupone la regularización pero la regularización es una condición necesaria para esa integración social, de ahí que la integración social de los inmigrantes no pueda dejar de lado por completo la situación preocupante de la inmigración irregular'.

Órgano de consulta

El decreto acogió la sugerencia de que el Foro fuera un órgano de consulta 'no sólo respecto del Gobierno, sino respecto de las restantes Administraciones Públicas si éstas solicitan su intervención', ya que dicho órgano consultivo se refiere sobre todo a la integración social, 'materia en la que inciden sustanciales competencias de otras Administraciones Públicas'. Una modificación igual se incluyó en el decreto de creación del Consejo Superior de Política de Inmigración.

El Ejecutivo incluyó también la propuesta de que Interior elija a los vocales del foro representantes de las asociaciones de inmigrantes y de ONG entre una terna de entidades previamente seleccionadas. Esta elección 'a dedo' fue criticada por numerosas asociaciones de extranjeros.

El Gobierno no recogió, en cambio, la propuesta de que quedara claro que el presidente del foro 'debe ser de nacionalidad española' ni la de supresión de la disposición final segunda, por la cual el decreto entraba en vigor al día siguiente de su publicación. El Consejo de Estado entendía que la inmediatez de la entrada en vigor suponía la supresión de la vacatio legis (tiempo de suspensión de la norma para preparar su complimiento), lo que, 'como la experiencia demuestra, lleva al regular incumplimiento'. El Ejecutivo, por ello, fijó la entrada en vigor a los 20 días de la publicación. Así, el foro tiene dos meses para constituirse.

En cualquier caso, la redacción y terminología del decreto que, a juicio del Consejo de Estado, merecían 'una profunda revisión', permanecen casi inalteradas. Fuentes jurídicas y gubernamentales indicaron que con eso el Consejo quiso decir 'que el decreto estaba mal hecho pero que, dentro de lo malo, se podía sacar adelante'. Interior insistió ayer en que el decreto tuvo 'todos los parabienes' del Consejo.