Una gran oportunidad, un compromiso necesario

Desde la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, hace ahora algo menos de un año, se ha realizando un esfuerzo muy importante de apoyo directo a la I+D+i. Los Presupuestos Generales del Estado para el 2001 son el primer ejemplo de ello: un 15,5% de crecimiento global para I+D+i (el aumento general del gasto es equivalente al 4,5%), incluyendo incrementos sin precedentes en proyectos e infraestructuras. Los hechos muestran que las ayudas para proyectos científicos han aumentado un 20% en el año 2000 y está presupuestado un incremento del 50% para el 2001; para los proyectos tecnológicos -PROFIT- se han destinado, en el año 2000, 15.000 millones de pesetas en subvenciones y 58.000 millones de pesetas en créditos blandos, que movilizan una inversión global de 281.000 millones de pesetas. En infraestructuras y equipamiento científico se ha comprometido una inversión de más de 110.000 millones de pesetas (74.000 millones de FEDER, 5.000 millones de apoyo a proyectos y 31.500 millones dirigidos a parques científicos). Pero, junto a todo ello, una política científica y tecnológica que transforme y dinamice nuestro país, nuestra capacidad de crear, difundir y aplicar nuevos conocimientos y tecnologías requiere que actuemos de forma prioritaria sobre los recursos humanos en I+D+i.

La situación de los recursos humanos en investigación refleja un desajuste entre la oferta y la demanda

El nuevo Programa Ramón y Cajal para la contratación de jóvenes investigadores (BOE, 18 abril 2000) muestra cómo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología estamos priorizando la política de recursos humanos en investigación. Junto a los cambios introducidos en la convocatoria de becas para la formación del personal investigador (FPI, enero 2001), este programa va a contribuir a la redefinición de la carrera del investigador, hoy en día muy distorsionada. A esta redefinición también va a contribuir el desarrollo de un marco legal, contractual, más apropiado para la actividad del investigador, así como los programas orientados a estimular la contratación de investigadores en nuestras empresas, y a recuperar investigadores establecidos en el extranjero. Este conjunto de medidas, si cuentan con la colaboración adecuada, van a marcar el punto de inflexión esperado en la investigación en España.

La situación de los recursos humanos en investigación en España refleja un desajuste importante entre la oferta y la demanda. Tenemos una demanda de investigadores que no ha crecido al ritmo de los sectores más dinámicos de nuestro país, cuando debiera hacerlo para sostener este dinamismo. Por otra parte, nos encontramos como oferta con un nutrido grupo de investigadores en formación -o ya formados, a menudo en el extranjero- que sería un error histórico desperdiciar. Quizás por falta de mejores perspectivas, estos investigadores ven a menudo como su única opción de futuro la dicotomía 'funcionario o precario'. Este desajuste sólo puede superarse dejando atrás esta dicotomía, con un planteamiento riguroso de la carrera del investigador, que debe ser más amplia y flexible, compatible con tareas docentes y de innovación tecnológica, en la que predominen los criterios de excelencia y la evaluación de resultados científicos y tecnológicos. Este desajuste sólo puede desaparecer con un esfuerzo sostenido de la Administración central, de las administraciones autonómicas, de las universidades, de los centros públicos de investigación y de las empresas, que deben apostar por generar la demanda que le corresponde a nuestro país.

La carrera del investigador se diferencia de otras carreras profesionales en que requiere un proceso relativamente largo de formación, hasta que el investigador adquiere -y demuestra- la suficiente madurez como para liderar un proyecto propio de investigación o contribuir de forma activa al trabajo que desarrolla un grupo de investigación. Es por ello necesario establecer figuras contractuales que reconozcan esta formación dilatada, sin que ello deba significar una precariedad indefinida en el empleo.

Dentro del Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, el Grupo Popular ha introducido dos enmiendas a la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (13/11/1986), con la articulación de dos nuevas modalidades contractuales para investigadores y técnicos, aplicables no sólo a organismos públicos de investigación (OPI), sino también a universidades y a otros centros de investigación. La primera es para la realización de proyectos de investigación por un plazo de tiempo determinado, que podría acabar siendo indefinido. La segunda es para la incorporación de investigadores -con titulo de doctor- por un plazo mínimo de un año y máximo de cinco. Ambos contratos establecen que la actividad del investigador estará sujeta a un proceso de evaluación y no excluyen que el investigador también pueda realizar tareas docentes o de transferencia tecnológica. Se trata de dos figuras contractuales innovadoras que suponen un importante avance respecto al marco actual (en el que sólo puede utilizarse la forma genérica y poco definida de contrato de obra y servicios o el apenas utilizado contrato en practicas), en la medida en que se adecuan a las peculiaridades de la actividad investigadora. En particular la segunda, introduce en España una forma de tenure track, es decir, asume que los doctores requieren un proceso relativamente largo, pero no indefinido, de maduración y evaluación antes de pasar a formas permanentes de contratación. En definitiva, se trata de una regulación muy importante, consistente con la nueva reforma de la Ley Universitaria presentada la semana pasada al Consejo de Universidades, que confiamos va a contar con el necesario consenso parlamentario. De hecho, si se mantiene el calendario parlamentario, los contratos Ramón y Cajal de este año ya podrán adoptar esta nueva forma contractual, abriendo así una reforma de mayor calado en nuestro sistema científico.

De acuerdo con los objetivos trazados en el Plan Nacional de I+D+i, el programa Ramón y Cajal se pone en marcha este año con el objetivo de crear 2.000 nuevos contratos de investigadores en el periodo 2000-2003. Para la convocatoria del 2001 existe dotación presupuestaria para cofinanciar 800 contratos si, como es de esperar, hay interés por parte de los centros de investigación y candidatos con el nivel de calidad necesario.

Algunas características de dicho programa merecen ser destacadas. Se trata de una iniciativa abierta a todos los centros públicos de investigación y centros privados sin ánimo de lucro que quieran contratar investigadores por cinco años con un nivel equiparable al de profesor titular de universidad o investigador titular del CSIC. La participación de estos centros es, evidentemente, voluntaria, pero conlleva un elemento de corresponsabilidad. Es una convocatoria abierta a todos los investigadores con título de doctor, estén donde estén, que cumplan un requisito mínimo de movilidad (no pueden ser contratados en el centro en el que han preparado u obtenido el titulo de doctor, a menos que hayan estado 18 meses fuera de dicho centro). El programa cubre todas las áreas de conocimiento y los candidatos serán seleccionados por comités de evaluación en los que participarán investigadores de reconocido prestigio. La ANEP organizará el proceso de selección de los candidatos y llevará a cabo el seguimiento de resultados transcurridos dos y cuatro años desde la contratación. Es un cambio radical con respecto a los contratos de reincorporación hasta ahora existentes: de contratos de 3 años dependientes de proyectos de otros investigadores a 5 años con independencia incluso para ser investigador principal con proyectos del Plan Nacional; de 2,8 millones de pesetas a 4,75 millones de pesetas; de no contar con ningún compromiso y planificación por parte de los centros receptores, a un diseño de 'compromiso compartido'.

El programa es cuidadoso en respetar las preferencias de los centros y de los investigadores. Los centros deben proponer el número máximo de contratos que están dispuestos a cofinanciar así como su asignación por áreas, identificando aquellas en que quieran reforzar sus programas de investigación. Los investigadores deberán presentar sus candidaturas con cartas de aceptación de los centros receptores. Una vez evaluados los candidatos, los seleccionados podrán optar por cualquiera de los centros que haya demandado investigadores en su área, en un proceso de negociación en el que se respetarán los acuerdos establecidos a priori entre investigadores y centros, así como la prelación de los candidatos seleccionados. En otras palabras, el programa combina un mecanismo de selección estricto y homogéneo con un mecanismo de asignación abierto y competitivo que facilita la incorporación de nuevos investigadores a centros de investigación. Es de esperar que los centros apliquen un criterio abierto a la hora de dar sus cartas de aceptación a los candidatos y que éstos apliquen también un criterio de movilidad a la hora de elegir los centros receptores.

El Programa Ramón y Cajal responde al compromiso asumido por el Gobierno y por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de incrementar el número de investigadores. Ahora bien, en un sistema de ciencia y tecnología descentralizado es necesario el compromiso de los centros receptores y de las administraciones autonómicas en estabilizar a estos investigadores si su rendimiento es evaluado positivamente. Por esta razón se plantea una forma de cofinanciación mínima por parte del centro receptor, que además debe asegurar las condiciones materiales para que el trabajo normal del investigador se pueda realizar. Es por ello que se requiere a los centros receptores a que presenten sus demandas de acuerdo con sus expectativas futuras de reemplazo y crecimiento de plazas de investigación o contratos, tanto en lo que respecta a las áreas de conocimiento como en lo que respecta a su número, en un ejercicio de planificación y priorización que en centros y universidades dependientes de las CC AA se deberá realizar de acuerdo con las administraciones autonómicas. Es cierto que no hay mucha costumbre de realizar estos ejercicios de planificación, pero también es cierto que son necesarios. Por nuestra parte, lo estamos realizando con los OPI adscritos al ministerio -por ejemplo, con el CSIC- y estamos dialogando con las CC AA a fin de que entre todos abramos una perspectiva de estabilidad a los nuevos investigadores Ramón y Cajal. Tanto las CC AA como las universidades están respondiendo de forma positiva y responsable, por ejemplo, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) y el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, en el que están representadas todas las CC AA (reunido el 19 de abril de 2001).

El IV Plan Nacional es el primero que añade la i, de innovación, a la I+D. El programa Ramón y Cajal es ciertamente una innovación para impulsar los recursos humanos en I+D. Como toda innovación, es posible que genere polémicas, pero el país necesita de estas innovaciones y confío plenamente en que el sentido común de las instituciones y de la comunidad se impondrá, como ya lo está haciendo, y en que así abriremos las puertas de nuestros centros de investigación a una generación de investigadores que están ansiosos por contribuir a la ciencia española del siglo XXI.

Ramón Marimón es secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica.