Villalobos plantea que los pensionistas paguen parte de las medicinas según su renta

Villalobos ya expresó en junio pasado su postura favorable al copago en función de la renta. 'No es justo que un parado pague un 40% y un pensionista con 260.000 pesetas no pague nada', alegó entonces. Ayer retomó esta idea durante una visita al Hospital Clínico de Barcelona y la justificó en el alto coste de las recetas farmacéuticas que absorben una cuarta parte del gasto sanitario. La ministra dijo que esa situación debe modificarse. 'Sanidad ya ha empezado a trabajar con los laboratorios, los distribuidores, los farmacéuticos y los pacientes', aseguró.

La ministra de Sanidad insistió en que aún no puede afirmarse que se vaya a generalizar el copago en función de la renta. La decisión que se tome, dijo, tendrá que presentarse ante el Consejo Interterritorial, antes de iniciar su tramitación parlamentaria. 'Si hubiera copago estaría relacionado con las rentas de los pacientes, no con el hecho de ser activo o pasivo en la Seguridad Social', afirmó.

Actualmente, los trabajadores en activo y los parados pagan el 40% del precio de venta al público de los medicamentos, con independencia de sus ingresos económicos. En aquellas medicinas en las que el precio es muy elevado el trabajador paga un tope, no esa misma proporción y cuando se trata de enfermos crónicos, que necesitan la medicación de manera continuada, se les cobra el 10%. Los pensionistas no pagan ninguna porcentaje por las recetas médicas, pero si se generaliza el copago de los medicamentos también afectaría a este sector de la población.

Villalobos cree imprescindible que su ministerio reduzca el gasto en recetas con el fin de dedicar mayor presupuesto a evitar las listas de espera y mejorar los salarios de los trabajadores de la sanidad pública. Del mismo modo, la ministra de Sanidad se mostró contraria a la posibilidad de que los fármacos que no necesitan receta se puedan vender en supermercados.

'Aumento de impuestos'

El anuncio de la ministra de Sanidad fue calificado ayer de 'fracaso de la política sanitaria' por la diputada socialista Consuelo Rumi, responsable en la dirección del PSOE de estos asuntos, informa Pilar Marcos.

Rumi dijo que introducir el copago 'equivaldría a aumentar los impuestos de los ciudadanos', toda vez que el 'el sistema sanitario está financiado totalmente por impuestos'. Con el sistema anunciado por la ministra, los ciudadanos pagarían los medicamentos primero con impuestos y después, según su renta, con ese nuevo tributo 'oculto' que toma la forma del copago. Los socialistas mantienen que Sanidad 'no ha sido capaz de controlar el gasto farmacéutico' porque 'no quiere meter en cintura los excedentes de las empresas farmacéuticas' y ahora pretende cubrir el agujero con este impuesto oculto.

La portavoz de Sanidad de IU, Marisa Castro, calificó las intenciones de la ministra Villalobos de 'un tercer medicamentazo'. Este copago acarrearía una clasificación de los pensionistas en función de su renta y supondría un 'fracaso' a la hora de ahorrar gastos, explicó Castro. Además, si el Gobierno del PP decidiera aplicar el copago en función de la renta de los ciudadanos, reflejaría el 'fracaso' de su política para controlar el gasto farmacéutico, añadió la diputada de IU. Existen pensionistas que reciben ayudas económicas 'más dignas que otras', pero clasificar a este colectivo en ciudadanos de 'primera, segunda y de tercera', sería 'un error de bulto'.

También CIU criticó el anuncio del copago, aunque lo calificó de un 'globo sonda' de la ministra. La coalición que lidera Jordi Pujol, que suele apoyar en las Cortes las propuestas del Gobierno de Aznar, dijo en esta ocasión que aguardará a conocer los detalles de la reforma para pronunciarse.

La respuesta más enérgica procedió de las federaciones de pensionistas de los sindicatos UGT y CC OO. Sus portavoces, Manuel Egido y Ángel Naranjo, respectivamente, dijeron que no van a permitir que el Ejecutivo adopte esa medida y que recurrirán a las movilizaciones y a los actos de protesta oportunos para impedirlo. Las principales organizaciones de consumidores (OCU, UCE y la Confederación Española de Organizaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios) también rechazaron con energía la propuesta porque supondría 'la ruptura de la equidad y solidaridad del Sistema nacional de Salud'.