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Los consumidores alertan de los cursos de idiomas con 'créditos encubiertos'

Las academias alegan que los alumnos saben que pagan un préstamo

Las cadenas de academias con amplia oferta horaria, énfasis en los sistemas multimedia y la posibilidad de que el alumno aprenda durante un número ilimitado de horas proliferan frente a los centros clásicos. A menudo con fuerte despliegue publicitario, estos centros han introducido un nuevo sistema de pago. Especializadas sobre todo en la enseñanza de inglés, venden el curso por paquetes de niveles. El estudiante debe comprar un mínimo de tres o cuatro que suponen siete u ocho meses de estudio a un ritmo de tres o cuatro horas semanales y un máximo de un año, según la información suministrada en dos grandes cadenas.

La matrícula (incluye el material) se paga en 12 o 13 mensualidades, sin posibilidad de darse de baja una vez transcurridos los 10 o 15 primeros días. 'Lo financiamos sin intereses. Si paga al contado tiene un descuento del 5%', aseguran en las academias Wall Street Institute y English Opening School (con más de 150 centros cada una en España). Son dos de las que aplican el nuevo sistema. El precio mínimo supera en ambos casos las 220.000 pesetas. Con este método, los centros evitan que el absentismo dañe la cuenta de resultados.

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'Las academias que recurren a estas prácticas no suelen informar al consumidor de que está pidiendo un crédito a una entidad para financiar sus estudios', explica el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, José María Múgica. 'El centro cobra del banco por adelantado y luego el alumno no puede dar marcha atrás porque debe el dinero a una entidad financiera, y no a quien presta el servicio', prosigue. 'Este sistema no va contra la ley, pero se apoya en vacíos legales y provoca la indefensión del consumidor', puntualiza Múgica.

Desde English Opening School, Ángeles Mendo niega las acusaciones de los consumidores. 'El alumno es consciente de que pide una financiación y los intereses del crédito los pagamos nosotros. En caso de fuerza mayor, puede rescindir el compromiso del curso', asegura. En Wall Street Institute, su director general, José Rafael López, puntualiza: 'El alumno compra un volumen de conocimientos, equivalente a un master. Si su situación cambia, intentamos facilitarle que pueda seguir con los estudios'. Respecto a la financiación, asegura que informan a los alumnos 'de todos los detalles'. 'No son créditos encubiertos. El procedimiento es claro y en torno al 75% de nuestros 70.000 alumnos recurre a la financiación', añade.

Este método ha puesto en pie de guerra a las asociaciones de consumidores. 'Dado el volumen de documentos que se pone a la firma, el alumno no se entera de que suscribe un crédito y firma todo sin leer', señala Carmen Torres, experta de la Unión de Consumidores de España (UCE). 'Un problema añadido es que la obligación de pagar resulta ajena a que se cumplan los servicios pactados, porque la prestación de servicios y el préstamo siguen vías distintas en los tribunales y el segundo tiene un procedimiento mucho más rápido que el primero', detalla el secretario general de la UCE, Jorge Hinojosa.

Mercado enrarecido

Tanto esa organización como la OCU han recibido decenas de reclamaciones. En la Confederación Española de Organzaciones de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios (CEACCU) recibieron 4.000 quejas por situaciones similares en 1999. Las del año pasado serán aún más, porque el sistema se ha puesto de moda, afirma Eugenio Ribón, experto de la entidad.

Por su parte, la Confederación Española de Centros y Academias Privadas (CECAP), que representa a buena parte de los centros de idiomas tradicionales, considera que el sistema, pese a ser legal, 'enrarece el mercado'. La entidad calcula que las nuevas academias atienden entre el 30% y el 40% de la demanda adulta de enseñanza de inglés. Javier García Bartolomé, jefe de Normativa del Instituto Nacional del Consumo (INC), señala que el organismo es consciente del problema, pero cree que la solución debe venir de la inspección de las comunidades autónomas.

Impagos en los juzgados

A José Linaza, catedrático universitario, un banco le ha reclamado 316.602 pesetas, 'más los gastos, costas e intereses que se devenguen' en un juzgado de Madrid. Es la factura del curso que contrató para un hijo con la academia Quick Center en octubre de 1999 para 24 meses. En la letra pequeña se incluía un préstamo bancario. 'La academia se comprometía a enviar un profesor a casa una vez por semana, pero no lo hizo nunca. A comienzos de 2000 di orden al banco de no pagar. Pedí que me devolvieran el dinero. Me dijeron que no era posible. Luego recibí una llamada del banco para reclamarme que reintegrara el crédito que yo ignoraba tener', afirma. El responsable de Quick Center argumenta que el alumno no envió los ejercicios para poder recibir la visita del profesor: 'Nos pidieron la devolución del dinero al cabo de tres meses, cuando no se había registrado ningún incumplimiento por nuestra parte'.

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