Gil-Robles culpa al Gobierno vasco de no garantizar la seguridad

Gil-Robles recuerda que, según el artículo 1º de la Convención Europea de Derechos Humanos, 'es el Estado Español el que debe garantizar a toda persona relevante de su jurisdicción los derechos y las libertades definidas en el Título I de la presente Convención', y por consiguiente el que debe adoptar o reforzar las medidas para garantizar los derechos fundamentales de todos los vascos.

La primera parte de su informe esta dedicada a analizar 'la acción terrorista de ETA, que está directa y sistemáticamente en el orígen de la violación de los derechos fundamentales de las personas que son víctimas directas de sus crímenes y de todas aquellas que, teniendo en cuenta el sistema de terror que impera, ven restringido el libre ejercicio de sus derechos cívicos y políticos (...) si no se identifican con las opciones independentistas'.

Gil-Robles dedica la segunda parte a 'la realidad de una violencia urbana cuyos objetivos políticos son la persecución de los no nacionalistas'. '(...) Nadie niega que esta violencia abofetee a diario los derechos humanos de numerosos ciudadanos vascos'.

'Aunque esto sea ya de por sí muy grave', prosigue el texto del comisario, 'hay otro dato que me ha parecido aún más grave: La acusación que he escuchado por parte de intelectuales, profesores, periodistas y ONG de defensa de los derechos humanos y de aquellas que representan a las victimas del terrorismo, por parte también de concejales y otros cargos electos de varios partidos, sobre el clima de cuasi impunidad en el que se desarrollan esas acciones de violencia porque la policía autónoma vasca (Ertzaintza) interviene generalmente tarde (...), sin apenas practicar detenciones significativas y sin llevar a cabo una labor seria de investigación sobre los orígenes, la composición y el funcionamiento de estos grupos violentos complementarios de la actuación de ETA que aparenta dirigir o inspirar sus acciones violentas'.

Tras recordar que tanto el lehendakari como el consejero de Interior del Gobierno vasco 'rechazan engérgicamente estas acusaciones' y recuerdan que la policía vasca detuvo el año pasado a 97 personas relacionadas con la violencia callejera, Gil-Robles recoge el testimonio de ERNE, el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, que 'sostiene una posición muy crítica con sus mandos, a los que achaca la carencia de órdenes para perseguir la kale borroka (...)'. 'Los representantes de ERNE mantienen que están desmoralizados por las instrucciones recibidas (nunca por escrito) de no intervenir activamente en la persecución de la kale borroka y que muchos agentes están desmotivados tras escuchar a sus superiores afirmar, durante los últimos meses, que lo importante era negociar'.

ERNE, que entregó un informe a Gil-Robles, señala también que la 'excelente brigada móvil, específicamente preparada para intervenir en caso de violencia urbana, no puede actuar sin una órden directa del viceconsejero de Interior, lo que, evidentemente, retrasa su intervención'.

Socorro por fax

Una anécdota concreta, que recoge el comisario, cuenta cómo el rector de la Universidad del País Vasco pidió por teléfono la intervención de la Ertzaintza para atajar la violencia en el campus. 'Se le respondió que enviará su solicitud por fax y se vio obligado a enviar su fax una segunda vez porque el primero, le dijeron, no era muy legible. Ni que decir tiene que cuando los policías llegaron sólo quedaban los rastros de la acción violenta'. 'Aunque es muy dífícil demostrar el carácter premeditado de la escasa reacción policial frente a la kale borroka, las denuncias que he recibido (...) ponen en evidencia un funcionamiento anómalo de la policía autónoma vasca', asegura.

El comisario señala que a veces la transmisión en los medios culturales de las posiciones nacionalistas se hace 'lamentablemente con una óptica de exclusión y agresiva hacia los no nacionalistas, que roza el alentar posiciones racistas o xenófobas'. Según Gil-Robles, que se entrevistó tambíén con el consejero de Educación, 'es necesario estudiar el contenido de algunos libros de texto que no están en línea con el objetivo de la promoción de la mutua comprensión y de la convivencia'. Además cree conveniente erradicar 'algunos programas de la televisión pública vasca en los que se tolera que los niños canten canciones en las que desprecian a los españolistas'.