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El plan del Gobierno para recuperar 'cerebros' ofrece contratos de sólo cinco años

El director general de Investigación reconoce que la medida no resuelve el problema

El plan, llamado Programa Ramón y Cajal, prevé contratar 800 investigadores doctores para este año, que se incorporarían en octubre, y hasta 2.000 para 2003. Sustituye a los actuales contratos de reincorporación de doctores, de tres años renovables por otros dos. Pero las características del nuevo plan no coinciden con las anunciadas reiteradamente por el ministerio, y ya han sido calificadas de 'parche' por algunos vicerrectores de investigación de las universidades. En las jornadas Presente y Futuro de la Investigación organizadas por la Universidad de Valencia, Hermenegildo rechazó expresamente ayer dicho término: 'No se pretende vender esto como la solución al tema de la estabilidad laboral y profesional del investigador. No me gustaría tampoco llamarle parche, es un trozo de la solución al problema general que tiene muchas vertientes'.

Ambigüedad

La principal discrepancia entre lo anunciado en los meses pasados como un plan para recuperar cerebros fugados y lo finalmente acordado es la duración de los contratos. Los anuncios hablaban de contratos 5+5: si en los primeros cinco años el investigador demuestra valía, su contrato se prorroga otros cinco años. Sin embargo, el plan presentado recientemente por el secretario de Estado de Política Científica, Ramón Marimón, en unas jornadas con los vicerrectores de investigación en Palma de Mallorca, garantiza financiación sólo para los primeros cinco años, y esto en términos ambiguos.

La ambigüedad consiste en que el ministerio financia íntegramente sólo el primer año de los cinco, mientras que el resto sería cofinanciado por las universidades en porcentajes crecientes -el 10% el segundo año, el 20% el tercero, etcétera-. Así, la capacidad de cada universidad para contratar investigadores depende de sus propios recursos, aunque se prevén mecanismos de corrección para evitar que las más ricas acaparen los contratos. Las comunidades autónomas, que son las que financian a las universidades, no se han comprometido a dar a éstas más dinero, sobre todo, porque el ministerio no les ha informado aún oficialmente, al menos no a todas.

Valencia sí conoce el plan, y el subsecretario de la recién creada Oficina de Ciencia y Tecnología de la Generalitat valenciana, Javier Quesada, mostró ayer su escepticismo: 'Los números me dicen que con la cofinanciación de 5 años de un investigador, que aproximadamente cuesta 6 millones al año, el programa del ministerio son unos 19 millones por persona, que dejará luego un investigador en plantilla que le costará a la universidad más de 100 millones de pesetas'.

Para Quesada el plan 'es un buen catalizador, pero cuando las universidades calculen las plazas que van a solicitar, aquí hay un problema financiero grave que vamos a aplazar cinco años y que es mejor que lo vayamos abordando desde el principio'.

Quesada alude a lo que para los vicerrectores también es 'la gran pregunta': qué pasará después de los primeros cinco años. Eso está del todo ausente del plan presentado. La intención original es que sean las comunidades autónomas las que financien esta segunda etapa, pero esta idea tropieza con que no hay acuerdos cerrados con el ministerio. Fuentes de la Comunidad de Madrid confirman que hay prevista una reunión con responsables del ministerio en 'las próximas semanas', pero sin que se sepa 'nada de este plan todavía'.

Poco atractivos

La incertidumbre sobre la financiación implica que los investigadores senior con plaza en el extranjero no se van a sentir atraídos por esta oferta, comentaron varios vicerrectores. Ello supone renunciar a uno de los objetivos anunciados por el ministerio. Hermenegildo reconoció que 'es lo que podemos hacer con los instrumentos legales que tenemos ahora', y que a más largo plazo se trabaja en modificar la Ley de la Ciencia.

Los 800 contratos se repartirán entre las universidades y los organismos públicos de investigación, incluyendo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, cuyas ofertas se publicarían en el BOE el 30 de abril. Para presentarse, los investigadores deberán acreditar 18 meses de estancia en un centro distinto de donde se ha realizado el doctorado, no necesariamente en el extranjero. Los candidatos serán evaluados por la agencia nacional de evaluación (ANEP). Los contratados no tendrán docencia, y a partir del segundo año su investigación dependerá de que consigan un proyecto del Plan Nacional.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 14 de marzo de 2001