La UE recuerda a EE UU que ejecutar a un retrasado es ilegal

Nada más oportuno que exponer el problema en el sitio más idóneo: criticar la pena de muerte en EE UU. La actual troika de la Unión Europea -la ministra sueca de Exteriores, Anna Lindh; el alto representante, Javier Solana, y el comisario de Exteriores Chris Patten- transmitirá su preocupación hoy, en Washington, ante los principales colaboradores de quien más recurrió a ella cuando era gobernador de Tejas: el presidente George W. Bush. La queja se registra justo el mismo día en que está fijada la ejecución de un reo en el Estado de Misuri, un retrasado mental que era menor cuando cometió el crimen.

La troika se entrevistará con el secretario de Estado, Colin Powell, y la consejera de Seguridad Nacional, Condoleezza Rice, pero no con Bush. La pena de muerte es uno de los temas de la agenda de esta primera reunión de la UE con la Administración republicana, que incluye Oriente Próximo, los Balcanes, Rusia y la Política Europea de Seguridad y Defensa. La visita servirá para preparar la cumbre EE UU-UE del próximo junio en Gotemburgo (Suecia) y a la cual está previsto que asista Bush.

La UE 'se muestra profundamente preocupada por la frecuente aplicación de la pena de muerte de EE UU' y sostiene 'firmemente que el derecho internacional prohíbe la ejecución de retrasados mentales y de menores de edad'. Los comentarios de los europeos no han tenido demasiada receptividad, pese a la existencia de 'señales alentadoras como la moratoria decretada por el gobernador de Illinois'. La actual situación sobre el tema es contradictoria en EE UU. El apoyo popular ha descendido al nivel más bajo en 19 años, pero Bush posee el discutible mérito de haber sido el gobernador que más la ha aplicado: 152 veces en cinco años de mandato en Tejas (40 el año pasado).

La ley Helms-Burton

La visita de la troika precederá a la que efectuará esta semana el comisario de Comercio Exterior, Pascal Lamy, para tomar el pulso a la Administración de Bush sobre la posibilidad de celebrar una ronda mundial de comercio en noviembre próximo en Doha (Qatar), así como el deseo norteamericano de adelantar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) de 2005 a 2003. Además de los tres principales contenciosos -el plátano, la carne hormonada y las ayudas fiscales a la exportación-, Lamy tendrá la oportunidad de averiguar si el nuevo Gobierno mantendrá la actitud del anterior sobre la ley Helms-Burton.

En virtud de un acuerdo suscrito en 1998 con la Administración de Clinton, nunca aceptado por los republicanos, la UE renunció a presentar una denuncia ante la OMC contra el carácter extraterritorial de la ley, que sanciona a las empresas con intereses en propiedades cubanas que antes de la revolución castrista fueron de estadounidenses o de cubanos nacionalizados norteamericanos. A cambio, Washington aceptaba no aplicar las sanciones previstas en esa ley,que ha afectado, entre otras empresas, a la cadena hotelera española Sol Meliá.