Políticos y académicos cuestionan en Ecuador el pacto de inmigración firmado con España

El ministro Moeller, de 63 años, político de carrera, conservador y tres veces presidente del Congreso Nacional, será interpelado por las políticas de inmigración y de seguridad de Ecuador. Izquierda Democrática, un partido de centro izquierda con 17 diputados en el Congreso unicameral de 123 congresistas, encabezará la iniciativa parlamentaria.

El portavoz de este partido, Wilfrido Lucero, pedirá a Moeller que explique por qué se han llevado con 'secretismo' las negociaciones del acuerdo 'relativo a la regularización de los flujos migratorios' cerrado con España. El convenio, conocido el mes pasado tras la visita del ministro del Interior español, Jaime Mayor, prevé que una comisión coteje las demandas de empleo con las solicitudes de trabajo de los ecuatorianos, que deben cumplir, además, otros requisitos.

Moeller, además, deberá justificar la necesidad del acta de repatriación que suscribió con Enrique Fernández-Miranda, delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, que ha colocado a miles de trabajadores ecuatorianos en una 'situación crítica'. 'La operación podría durar unos 10 o 12 años', dice Lucero, aceptando que en España hay 150.000 ecuatorianos sin papeles, como dicen las organizaciones de inmigrantes, y no 50.000, como defiende Moeller.

El ministro ha sido llamado al Congreso mientras crece en Ecuador una corriente de opinión contraria al acuerdo. Diego Cordovez, ex ministro de Exteriores, cree que se debió esperar a que existiera en España 'una posición definida y de consenso sobre la nueva Ley de Extranjería entre el Gobierno y la oposición'. 'Esa ley necesita de un reglamento pero nosotros ya estamos trayendo gente', afirma. Según él, Ecuador ha actuado de manera 'apresurada' ante el interés 'fundamental' de España de 'llegar a un acuerdo que respaldase su polémica y controvertida Ley de Extranjería'.

Corriente contraria

En otros ámbitos también se defiende la tesis de Cordovez. César Montúfar, profesor de la Universidad Andina Simón Bolívar y columnista de un periódico de Quito, afirma que 'Ecuador se ha prestado para dirimir el conflicto político provocado por el rechazo a la Ley de Extranjería, que ha colocado en una situación de precariedad legal a los inmigrantes'. Montúfar cree que la masiva inscripción de ecuatorianos en el plan de repatriación es sólo una muestra 'del estado psicológico' que la crisis migratoria ha provocado entre los ecuatorianos, y no una señal del éxito del plan. Por eso cree que muchos aprovecharán el billete de avión para quedarse en Ecuador.

Carlos Arcos, profesor en la Universidad Católica de Quito, está de acuerdo y añade que 'la única salida ahora para los emigrantes es la vuelta al agujero negro'. 'Ecuador no ha salido aún de la crisis, por lo que la reinserción laboral y familiar de esas personas será complicada', dice.

El jueves, Moeller conversó con los diferentes partidos en el Congreso para intentar detener la interpelación. El presidente de la asociación de inmigrantes hispano-ecuatoriana Rumiñahui, Juan Carlos Manzanilla, promotor de la iniciativa parlamentaria, ha dicho que el ministro, 'tiene muchos amigos entre los diputados', por lo que será difícil la censura. Además, en un régimen presidencialista como el ecuatoriano, la censura del ministro no implica su destitución. Manzanilla acusa a Moeller de haber suscrito un acta de repatriación que permite la aplicación retroactiva de la Ley de Extranjería, lo que perjudica a los inmigrantes sin papeles que llegaron antes de la entrada en vigor de la Ley, con condiciones jurídicas favorables.

Por otro lado, queda pendiente una resolución del Ministerio de Exteriores, que deberá decidir si la ratificación final del acuerdo migratorio está en manos del Congreso o del presidente de la República. Pero el Gobierno defiende las bondades del acuerdo. Leonardo Carrión, de la Oficina de Ecuatorianos en el Exterior, asegura que se trata de un convenio 'indispensable'. 'La Ley no va a cambiar, porque el PP tiene mayoría absoluta', dice, 'y España está dispuesta a dar un trato preferencial a los ecuatorianos'. 'España, un país serio, no nos va a engañar', insiste.

'Ciertamente, es difícil entender qué es lo que quieren los españoles', decía en un periódico de Quito el periodista Carlos Jijón. 'Como ecuatoriano uno no puede más que agradecer la increíble liberalidad de un régimen que está dispuesto a gastar del erario público unos 9.000 millones de pesetas en ciudadanos extranjeros: pero es imposible dejar de advertir que sería más sensato legalizar la situación de los emigrantes en la propia España'.