La rebelión del 23-F prescribe hoy como delito y deja de ser perseguible por la justicia

Según el vigente Código Penal, los delitos castigados con penas de 15 años o más de cárcel, como el de rebelión, prescriben a los 20 años de haberse cometido, siempre que no se haya iniciado procedimiento contra el presunto culpable. Eso quiere decir que si mañana saliera a la luz el llamado elefante blanco, el supuesto cabecilla del mayor ataque perpetrado hasta ahora contra la democracia española, ningún juez podría acusarle.

Esta circunstancia, aunque meramente teórica, pues el caso quedó cerrado con la sentencia dictada el 28 de abril de 1983 por el Tribunal Supremo, supone el definitivo carpetazo judicial a la intentona golpista en la que el ex teniente coronel Tejero tomó como rehenes a los diputados en el Congreso la noche de aquel 23 de febrero.

El 20 aniversario del 23-F ha servido de pretexto para la publicación de media docena de libros sobre ese frustrado golpe. Pero quizá lo más novedoso no haya sido un texto, sino un documental: el realizado por los periodistas Andreu Farràs y Uri García para el programa 30 minutos de la televisión pública catalana TV-3.

En dicho programa, por vez primera, se autoinculpa uno de los militares implicados en el 23-F. Se trata del general de brigada Carlos Alvarado Largo, que fue jefe del Estado Mayor de la División Acorazada en la época en que la mandaba Milans. Alvarado reconoce ante la cámara que él asistió a la reunión celebrada el 18 de enero de 1981 en el número 15 de la calle General Cabrera en Madrid, domicilio del teniente coronel Pedro Mas Oliver. Fue en esta reunión en la que Tejero expuso su plan para asaltar el Congreso de los Diputados y Milans su propósito de sacar los tanques a la calle en Valencia. ¿Y por qué no fue procesado Alvarado?, le preguntan los periodistas. 'Porque nadie me delató', confiesa el general.

Abogados golpistas

El ahora golpista confeso no se sentó en el banquillo en el juicio de Campamento. O mejor dicho, sí se sentó, pero no en el de los acusados, sino en el de los abogados, pues actuó como codefensor militar del comandante Ricardo Pardo Zancada.

Alvarado no fue el único asistente a esa reunión de conspiradores que logró eludir la acción de la Justicia. También estuvieron allí, según él mismo confirma, el general de brigada Francisco Dueñas Gavilán, que fue director general de Seguridad en la última etapa del franquismo, y el teniente general Carlos Iniesta Cano, director de la Guardia Civil cuando se produjo el atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre de 1973, en la madrileña calle Claudio Coello, esquina con Maldonado.

El teniente general Carlos Iniesta Cano, al contrario que los dos anteriores, no estaba en activo cuando conspiró contra la democracia, pues había pasado a la reserva tres años antes.

Al igual que Alvarado, el general Dueñas participó en el juicio del 23-F como defensor militar del capitán Pascual Gálvez, lo que confirma la sospecha de que muchos de los abogados de los golpistas no asumieron este papel por mera afinidad ideológica, sino por coherencia con su implicación en la conjura o para garantizarse el silencio de sus compañeros.

En el juicio sólo se citó a Milans, Tejero, Torres Rojas, Mas Oliver y Juan García Carrés como asistentes a la reunión golpista del 18 de enero en la calle del General Cabrera.

El Cesid

El Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) salió al paso ayer de algunas informaciones que han implicado a ese organismo en ese intento de golpe para precisar que aquellos acontecimientos fueron 'depurados, definidos y castigados' tras una larga investigación. El director del Centro, Javier Calderón, anunció que se reserva la posibilidad de emprender acciones legales contra algunas informaciones que le implican en esa intentona. Portavoces de IU, PNV y Coalición Canaria en el Congreso decidieron ayer rechazar la invitación de Calderón a visitar el Cesid el próximo 28 de febrero hasta que se aclaren esas denuncias.