Un plan para la justicia

Varias resoluciones judiciales recientes, no gratas al Gobierno o directamente contrarias a determinados actos de la Administración, han provocado reacciones destempladas en toda la línea de mando del Partido Popular. En medio de este clima de creciente tensión, el ministro de Justicia, Ángel Acebes, presentó ayer en el Congreso el conjunto de medidas que deberían formar parte del pacto de Estado para la reforma de la justicia que Aznar propuso a las demás fuerzas políticas al inicio de la legislatura.

Si los problemas coyunturales del Ejecutivo con la justicia sirven para acelerar una reforma que los ciudadanos demandan por razones estructurales desde hace muchos años, bienvenidos sean. Pero hay que estar atentos para que la reforma no sea un simple ajuste de cuentas del Gobierno con la justicia en términos de poder, algo que ya está definido en nuestro diseño constitucional, que garantiza en todo caso la independencia de jueces y tribunales en su función de juzgar y ejecutar lo juzgado.

Acebes, además de especificar los objetivos de su propuesta, aventuró su coste: 250.000 millones de pesetas. Es un dato que acredita la necesidad de la reforma, aunque de momento se trate sólo de una estimación inversora que no compromete a nada. Más creíble sería el compromiso del Gobierno si incrementara de inmediato el escuálido porcentaje del 0,8% de participación de la justicia en los presupuestos del Estado. Las palabras de Acebes suponen el reconocimiento de que una justicia eficaz necesita más dinero. Algo que podrá recordársele en el futuro si no lo cumple.

La reforma de la justicia tiene que abordar un sinfín de cuestiones: una planta y una demarcación judiciales acordes con las necesidades de población, procedimientos modernos, oficinas informatizadas, servicios de atención al ciudadano, niveles retributivos acordes con la función, formación de los jueces y un largo etcétera. No es sólo cuestión de dinero, pero debe haber un compromiso presupuestario de carácter permanente.

Sería lamentable que el plan se identificara principalmente con medidas tan discutibles como el retorno a la elección de 12 miembros del Poder Judicial por los propios jueces. Acebes ha emplazado a las fuerzas políticas a que presenten otra fórmula mejor si la tienen. Más bien corresponde al ministro demostrar que la elección corporativa es mejor que la parlamentaria. A pesar del abuso que han hecho de ella los grupos políticos, con el bochornoso sistema de cuotas, tiene al menos una virtud de la que carece la fórmula corporativa: vincula el gobierno de un poder del Estado a la soberanía popular a través del Parlamento. El gobierno del Poder Judicial por el cuerpo de los jueces constituiría un anómalo y desestabilizador injerto corporativo en nuestro sistema representativo.