Acebes insiste en cambiar el sistema de elección del Poder Judicial pese al rechazo de la oposición

El ministro de Justicia desgranó durante una hora, ante la comisión de Justicia del Congreso, un amplísimo programa de reformas cuyo principal exponente es el cambio del sistema de nombramientos en el Consejo General del Poder Judicial, del que pretende hacer una institución 'vertebrada, ordenada y razonablemente previsible'.

El programa expuesto por Acebes contó con el beneplácito generalizado de los diversos grupos de la oposición, que lo calificaron de 'riguroso y detallado' excepto en el concreto extremo del cambio de sistema de nombramientos en el Poder Judicial, que fue explícitamente rechazado por el PSOE, CiU, IU, PNV y EA, éste en representación del Grupo Mixto.

Acebes afirmó que el actual sistema de nombramientos ha causado un 'formidable daño' a la Justicia al dar una imagen de 'clientelismo', ya que los miembros del CGPJ son conocidos como 'vocales del PP' o 'del PSOE'.

El ministro propugna la vuelta a la antigua fórmula de elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ por jueces y magistrados mediante una 'fórmula proporcional que garantice la representación plural'. Los otros ocho vocales se elegirían cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. En la actualidad, a diez los elige el Congreso y a diez el Senado.

El primer Consejo del Poder Judicial (1980-1985) funcionó según la antigua fórmula. Fue un Consejo monocolor, en el que de los 12 vocales judiciales 11 eran de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura y uno de la progresista Jueces para la Democracia. El primer consejo funcionó bajo parámetros netamente conservadores, coincidiendo con la llegada al poder del PSOE con mayoría absoluta. Los desencuentros desembocaron en la nueva fórmula de nombramiento de los vocales judiciales, exclusivamente por el Parlamento.

Con la fórmula que quiere imponer el Gobierno, los 12 vocales serán elegidos por las asociaciones judiciales, que cuentan con más de un 50% de afiliación entre los miembros de la carrera. Sobre los cerca de 4.000 jueces, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura cuenta con alrededor de un millar de afiliados; Jueces para la Democracia 420; Francisco de Vitoria 380, y la Unión Judicial Independiente, alrededor de 40. La elección judicial asegura así una hegemonía conservadora en los sucesivos Consejos.

El aspecto más positivamente valorado fue la oferta económica. 'A falta de concretar un plan financiero riguroso', dijo Acebes, la reforma supone un coste de 250.000 millones de pesetas adicionales, 'lógicamente periodificados en varios ejercicios'. Entre las principales novedades, el plan prevé el funcionamiento de la Justicia 'durante todo el día, mañana y tarde', lo que permitirá mantener, si fuese necesario, 'el funcionamiento ordinario del juzgado o tribunal'. La regulación del horario se efectuará por las Comunidades Autónomas dentro del marco común fijado para todo el territorio nacional por el ministerio. Se considerarán los sábados como días inhábiles, 'sin perjuicio de su posible habilitación para actuaciones urgentes'.

El sistema de acceso a la carrera judicial también despertó serias reticencias en la oposición. El sistema ordinario será la oposición y la posibilidad de ingresar por los turnos de juristas expertos será 'excepcional' y requerirá acreditar unos 'méritos relevantes' de capacidad y experiencia mediante 'un procedimiento de comprobación objetivo, imparcial y riguroso'.

El Gobierno pretende potenciar la idea de 'carrera', superando el criterio de la antigüedad e incorporando criterios de 'mérito, formación, especialización, rendimiento y calidad, como criterios de promoción y de adjudicación de destinos, y consecuentemente, de mejores niveles retributivos'.

El proyecto pretende establecer un tiempo mínimo de permanencia en los órganos unipersonales de ingreso en la judicatura e incrementar las exigencias para el desempeño de algunos cargos -Acebes puso como ejemplo los juzgados centrales de la Audiencia Nacional-, así como 'el tiempo de permanencia en los mismos'.

Los errores judiciales se repercutirán a sus responsables cuando proceda. Se modificará el cuadro actual de infracciones y sanciones disciplinarias y se potenciará la inspección y corrección de desviaciones para que 'los pocos incumplidores no trasladen a la opinión pública una imagen errónea del auténtico funcionamiento de la Justicia'.