Los hospitales vascos vuelven a incumplir la ley al comprar medicinas sin un concurso público

Según el informe, Osakidetza ha cumplido 'razonablemente' la normativa que regula los gastos de personal y la contratación administrativa , excepto en el caso de la compra de medicamentos. En lugar de sacar a concurso público esta adquisición, los centros negociaron directamente con los proveedores, algo que no prevé la Ley de Contratos, norma que regula todo lo relacionado con los suministros a las administraciones en todo el Estado.

Al negociar de manera individual, los hospitales pactan con las compañías farmacéuticas diferentes descuentos sobre los productos, lo que a veces motiva variaciones de precios entre los medicamentos adquiridos por los centros públicos. Por ello, el tribunal aboga por una compra centralizada de las medicinas, lo que facilitaría precios más uniformes para todos.

Mientras, el Servicio Vasco de Salud alega que existe 'indefinición' en la aplicación de la Ley de Contratos a la adquisición de productos farmacéuticos, dada la existencia de acuerdos entre el Sistema Nacional de Salud y la patronal nacional Farmaindustria, que regulan todos los aspectos relacionados con ese tipo de compras.

Falta de herramientas

Además, Osakidetza defiende su actuación por la falta de herramientas precisas para la contratación, adecuadas a 'la propia y especial naturaleza de los productos', la ausencia de bases técnicas no discriminatorias y la falta de implicación de los profesionales farmacéuticos en el proceso.

Desde que se aclaró la manera de aplicar la Ley de Contratos a estas compras, Osakidetza asegura que se han realizado de una manera integrada expedientes de contratación hasta el mes de noviembre de 2000.

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas Públicas cuestiona en su trabajo que Osakidetza emplee el recurso de fraccionar las compras de bienes (como material de oficina o vestuario) y servicios (limpieza, vigilancia, reparación) para obviar el procedimiento legal previsto para estos casos, que obliga a sacar a concurso público cualquier compra que exceda de un determinado importe. Al no realizar concurso, se vulneran los principios de publicidad e igualdad.

Osakidetza asegura que respeta la normativa de contratación vigente para las administraciones públicas, pero que los cambios organizativos producidos en 1998 (cuando pasó de ser un organismo público a convertirse en un ente público de derecho privado) motivaron un giro drástico en el sistema de información económico-financiero y en los sistemas contables que tenía hasta ese momento, con lo que se pudieron realizar algunos fraccionamientos.

Por encargo del Parlamento, el Tribunal de Cuentas también ha realizado un análisis sobre el sistema de autoconcertación de Osakidetza, puesto en marcha en el año 1992 para reducir las listas de espera.

Sanidad decidió en aquel momento abonar un complemento por intervención quirúrgica a todos aquellos profesionales sanitarios que accedieran de forma voluntaria a realizar operaciones por las tardes, fuera de su jornada laboral.

El proyecto contó con el visto bueno unánime del Parlamento vasco, pero el sistema suscitó desde el primer momento recelos y críticas entre los sindicatos del sector.

Más intervenciones

Según los datos del tribunal, el importe del gasto en autoncertación en el periodo 1992-1998 ascendió a 4.198 millones de pesetas. El incremento de la actividad ordinaria y el funcionamiento de la autoconcertación ha permitido aumentar 'significativamente' el número de intervenciones quirúrgicas anuales, reconoce el tribunal. Sin embargo, la subida que se ha producido en la demanda de operaciones por parte de la población ha absorbido este incremento de actividad, con lo que la lista de espera continúa aunque se han reducido de manera sustancial los tiempos de espera. El órgano fiscalizador considera necesario que Osakidetza ponga en marcha otros mecanismos complementarios que permitan aumentar el ritmo de operaciones quirúrgicas para continuar reduciendo las listas. En la actualidad, la media de espera para intervenciones no supera los dos meses.