Pinochet ordenó ocultar los crímenes de la 'caravana de la muerte'

Los abogados querellantes de Augusto Pinochet pidieron al juez Juan Guzmán agregar al expediente nuevos antecedentes difundidos ayer que corroboran no sólo que el ex dictador estaba al tanto de los crímenes de la caravana de la muerte de 1973, sino que además ordenó no investigarlos.

Una anotación de puño y letra de Pinochet (con su firma) al pie de un memorándum confidencial que le envió el auditor general del Ejército, general Osvaldo Salas, recomendando disponer una 'investigación sumaria administrativa' por las torturas y asesinato de Eugenio Ruiz Tagle, propone responder que este prisionero 'fue ejecutado en razón a los graves cargos que existían contra él' y agrega que 'no hubo torturas, según información'.

Cuando faltan pocos días para los alegatos de la defensa ante la Sala de Verano de la Corte de Apelaciones por el procesamiento de Pinochet -quien hoy (jueves) cumple ocho días de arresto domiciliario como autor intelectual de 57 crímenes y 18 secuestros -, los antecedentes constituyen 'una lápida al procesamiento del ex dictador', dijo el abogado querellante Eduardo Contreras.

Según los documentos revelados ayer por el diario electrónico El Mostrador, 12 días después de estos asesinatos el ministro de Justicia de la Junta Militar, Gonzalo Prieto, informó al ministro de Defensa, vicealmirante Patricio Carvajal, de la ejecución y torturas de Ruiz Tagle, que le denunció un abogado. Prieto recomendó entonces a Carvajal adoptar 'medidas muy enérgicas' que impidan la repetición de los hechos e iniciar las investigaciones pertinentes. 'Idénticas consideraciones me merece la acusación de que numerosas otras personas habrían sido ajusticiadas sin juicio previo', escribió Prieto, y agregó que la Junta Militar debía tomar conocimiento de los hechos.

No hubo investigación

Poco después, el documento pasó al jefe del Estado Mayor del Ejército, quien lo envió al auditor general Salas. El 24 de noviembre, Salas le informó a Pinochet, entregándole los antecedentes adjuntos. Salas termina su memorándum confidencial recomendando al dictador una investigación 'en atención a la gravedad de los hechos denunciados', pero al pie del documento Pinochet propone evitarla y desecha así abiertamente la recomendación de Salas.

El abogado Contreras dijo que pedirán al juez Guzmán citar a declarar a los funcionarios de la dictadura que estuvieron al tanto de estos documentos (uno de ellos, Jaime Guzmán, fue asesinado en 1991, cuando era senador por la derecha). Entre los citados se encuentra el actual senador derechista Sergio Díez, ex embajador de la Junta Militar ante la ONU, que allí negó una y otra vez la existencia de los detenidos desaparecidos.

Los querellantes pidieron ayer incorporar al proceso las declaraciones del general Joaquín Lagos, quien atribuyó a Pinochet y al jefe de la comitiva militar, general Sergio Arellano Stark, la responsabilidad de 14 crímenes.