El Gobierno acuerda con los veterinarios crear un certificado propio sobre la salud de los animales

Los consejeros de Agricultura y de Sanidad, Iñaki Gerenabarrena y Gabriel Inclán, respectivamente, presentaron ayer en Vitoria el acuerdo. La diferencia con respecto al modelo estatal es que en la comunidad autónoma los veterinarios habilitados por las tres diputaciones forales deberán certificar que los animales con destino al matadero no presentan síntomas de ninguna de las enfermedades infecto-contagiosas, sin exigirles que garanticen que las reses no han presentado en los 30 días anteriores a su sacrificio señales de la enfermedad de las vacas locas, tal y como exige la normativa estatal.

Los veterinarios de algunas comunidades se han negado a expedir los certificados o lo han hecho cometiendo alguna irregularidad (como no observar las reses) porque no pueden saber si el animal ha mostrado algún síntoma a menos que lo hayan seguido durante ese periodo de tiempo. La normativa del Gobierno central es de obligado cumplimiento, pero Euskadi ha podido elaborar un certificado propio al disponer de la competencia para desarrollar la aplicación de este documento.

Según el consejero de Agricultura, Iñaki Gerenabarrena, la exigencia de los 30 días es una 'barbaridad'. 'Algo ridículo e imposible de cumplir. El veterinario tendrá que certificar lo que puede, no que ha habido incidencias en unos determinados días porque no lo ha visto, tal y como están haciendo otras comunidades', añadió. Por su parte, el consejero de Sanidad, Gabriel Inclán, insistió en que 'sólo puede firmarse aquello que puede observarse'. 'El ganadero debe responsabilizarse del animal y ser consciente de que su producción tiene como destino el consumo humano, y el veterinario del matadero dispondrá de una herramienta más de control al supervisarse por un técnico el animal vivo', añadió.

Declaración del ganadero

La res conducida a un matadero vasco también deberá llevar una declaración del ganadero responsable, en la que garantice que no se ha realizado ningún tratamiento distinto de los autorizados por el veterinario de la explotación y que sus animales no han sufrido enfermedades en los 30 días previos al sacrificio. Así, el Gobierno obtiene la garantía de que los animales no han recibido medicación ajena a la controlada por los veterinarios.

Por otra parte, ambos consejeros subrayaron la idea de que si el Gobierno central decide finalmente aplicar una tasa en la carne para costear la crisis de las vacas locas, dicha tarifa no afectará a la comunidad autónoma. 'A Euskadi le afecta poco esa disposición estatal porque dispone de plenas competencias en materia fiscal y tributaria', recordó Gerenabarrena. 'Si el Gobierno central decide aplicar la tasa nos servirá para disponer de un conocimiento de por dónde va a funcionar el Estado y sus agencias tributarias en esta materia', zanjó. De momento, Madrid no ha precisado el sistema para hacer efectivo el pago de la nueva tarifa ni tampoco los colectivos que cargarán con ella. Lo que sí ha dicho es que la aplicación de la tasa dependerá de los gobiernos de las comunidades autónomas.

El Gobierno vasco ya ha decidido asumir en su totalidad durante este año el coste del plan diseñado para combatir el mal de las vacas locas. La cuantía del programa asciende a 2.500 millones de pesetas. La Administración autonómica considera que la urgencia de la situación requiere de una rápida actuación institucional, ya que en este momento ni el sector productivo ni los consumidores pueden hacer frente a estos costes tan elevados. Sin embargo, el consejero de Agricultura advirtió ayer que los próximos años el plan sí tendrá que ser cofinanciado por todos los agentes implicados, como ganaderos, carniceros, mataderos, productores de harinas cárnicas y consumidores.