Una española, arrojada al mar

Uno de los 180 detenidos desaparecidos que aparecen en los informes entregados por los militares al Gobierno, y que ahora investiga la justicia, es Michelle Peña Herreros, de 27 años y nacionalidad española, que estaba embarazada de ocho meses en el momento de ser detenida por agentes de la DINA (la policía política pinochetista), en junio de 1975. Días antes, este organismo había detenido a su compañero, Ricardo Lagos Salinas (sin relación con el presidente chileno), miembro de la comisión política del Partido Socialista (PS), quien se encontraba en la clandestinidad. El informe entregado por el Ejército indica que Michelle Peña, estudiante universitaria y también militante socialista, fue detenida el 20 de junio y arrojada al mar cinco días después.

Sin embargo, testimonios que recopiló la Comisión Rettig, que investigó en 1990 y 1991 las violaciones a los derechos humanos en Chile, sostienen que otros prisioneros estuvieron con ella en la torre de Villa Grimaldi, uno de los campos de tortura que tenía la DINA en la capital, en julio de 1975, después de la supuesta fecha en que habría sido arrojada al mar, contradiciendo así la versión militar. La madre de la estudiante, Gregoria Peña, afirmó que existen antecedentes de que su hija fue trasladada hasta el Hospital Militar para que diera a luz. Hasta ahora se ignora qué pasó con el hijo de Michelle Peña y ni siquiera se sabe su sexo. Casos parecidos son los de otras nueve embarazadas detenidas por la dictadura y desde entonces desaparecidas, por los que organismos defensores de los derechos de la mujer anunciaron que presentarán una querella la próxima semana. Las discrepancias que existen entre la información que entregaron los militares al Gobierno y las que habían recopilado en 27 años de esfuerzo los organismos humanitarios motivaron ayer una reunión de la directiva del PS con el ministro del Interior, José Miguel Insulza. Al término de ella, el presidente del PS, senador Ricardo Núñez, explicó que le entregaron al jefe del Gabinete 'alrededor de 49 o 50 informaciones precisas que tenía el partido y la Vicaría de la Solidaridad, que contradicen las fechas respecto de varios de nuestros dirigentes que componían la dirección en 1975'.

Agregó que hay antecedentes judiciales que indican que algunos militantes socialistas estaban vivos en fechas posteriores a las que señalaron los informes. El PS también entregará estos datos a la Corte Suprema. En el mismo sentido, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos chilena, Jaime Castillo Velasco, pidió a las Fuerzas Armadas aclarar los 'errores que han sido denunciados por personas ligadas a las víctimas, ya que la operación de informar no puede contener falsedades ni oscuridades'. Exigió también que los informes se den a conocer en forma íntegra y de inmediato. La sociedad chilena sigue impactada por las revelaciones que han trascendido de los informes. Ayer, el presidente Ricardo Lagos informó en persona a Lucía Neira, viuda de Arsenio Poupin, ex subsecretario de Gobierno de Salvador Allende, un amigo suyo que no apareció más después de ser detenido por soldados en La Moneda, durante el golpe, y trasladado al regimiento Tacna.

Neira dijo que la información de los militares no es completa ni satisfactoria. Uno de los dos jueces especiales nombrados por la Corte Suprema para investigar las denuncias sobre dos fosas clandestinas en los alredores de Santiago, que contienen los cuerpos de 20 y de 6 personas, informó de que hoy iniciará su trabajo en uno de estos lugares, la Cuesta Barriga. Por otra parte, la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó a una juez citar a declarar al ex piloto de Pinochet, Antonio Palomo, quien aseguró a un coronel que lanzó cuerpos de detenidos al mar.