Pinochet vuelve a Santiago para someterse a los análisis previos a su interrogatorio

La nueva estrategia de la defensa de Pinochet de aceptar las diligencias ordenadas por el magistrado y poner fin a su desacato judicial -concretada en la noche del lunes, en vísperas de que hoy se le tomara declaración indagatoria según el calendario inicial-, motivó a Guzmán a modificar las fechas de los exámenes y el interrogatorio al ex dictador, aplacando la tensión que rodeaba el caso. Los exámenes mental y neurológico se efectuarán en el Hospital Militar, que pertenece al Ejército, y en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, mientras que las pruebas de laboratorio serán analizadas en otros dos centros médicos.

La estrategia de la rebeldía judicial impulsada por el jefe del equipo jurídico de Pinochet, Pablo Rodríguez -quien entre 1970 y 1973, durante el Gobierno del presidente Salvador Allende, encabezó el grupo terrorista de ultraderecha Patria y Libertad-, sólo había logrado aislar a su cliente, hasta el punto de que ni el Ejército estaba en condiciones de apoyarlo en esa actitud. Una vez constatado el error, el entorno pinochetista hizo un giro radical y resolvió cooperar con Guzmán. La señal fue fijar su domicilio en la población de Bucalemu, situada a unos 150 kilómetros de Santiago, para que el interrogatorio tenga lugar allí.

El nuevo programa de diligencias permitirá a Guzmán tener algunos resultados de las pruebas médicas, pero difícilmente todos, antes de la declaración indagatoria. Los querellantes reaccionaron ayer con satisfacción porque se realizarán por fin las diligencias, pero denunciaron que el ex dictador no es tratado como otros inculpados. Uno de los abogados acusadores, Eduardo Contreras, criticó ayer la 'excesiva generosidad' de la justicia con el general, que, a su juicio, 'atenta contra la igualdad ante la ley'.

Entretanto, la Corte Suprema chilena dejó pendiente para hoy su examen de la solicitud de recusación de Guzmán presentada por la defensa del general. Aunque los abogados defensores dicen que Pinochet se presentará a los exámenes y esperan que éstos comprueben que su salud no es suficientemente buena para enfrentar un proceso penal, todavía algunos de ellos insisten en que tampoco está en condiciones de soportar un interrogatorio. Pero Guzmán sostuvo en declaraciones al diario Le Monde que la ley chilena es categórica y no toma en cuenta razones humanitarias. 'Para librarse de un proceso, el inculpado debe ser declarado loco o demente', afirmó. Guzmán también declaró al rotativo francés que ha sufrido 'muchas presiones' y 'amenazas', incluso de 'miembros del Gobierno', por su labor en el caso Pinochet.

El interrogatorio al ex dictador es un mero trámite antes de su procesamiento como autor de 18 secuestros y 57 homicidios en el caso de la caravana de la muerte, pues el juez Guzmán ya procesó al ex dictador el pasado 1 de diciembre y su resolución fue anulada por los tribunales superiores sólo por la falta de ese requisito. 'Creo que se ha tomado una distancia prudente entre los exámenes y la declaración indagatoria, y es posible que el resultado de las pruebas médicas ya esté el lunes, o por lo menos haya ya una primera opinión', comentó José María Eyzaguirre, uno de los ocho abogados que defienden al ex dictador.

Fosas con desaparecidos

Por otra parte, el pleno de magistrados de la Corte Suprema nombró ayer a los jueces de tribunales de apelaciones Amanda Valdovinos y Héctor Carreño para investigar, respectivamente, la veracidad de las denuncias contenidas en los informes entregados al Gobierno de una fosa en Colina, 25 kilómetros al norte de la capital, donde estarían sepultados ilegalmente los cuerpos de 20 detenidos desaparecidos, y de otra en la Cuesta Barriga, 65 kilómetros al oeste de Santiago, donde se encontrarían los restos de otras seis personas. Se trata de la primera acción del poder judicial para acelerar las investigaciones sobre los informes en los que las iglesias chilenas y los militares daban cuenta del paradero de víctimas de la dictadura.

La investigación no será una tarea fácil para los jueces. Los datos concretos que aportan los militares son pocos, mientras los que lograron recopilar las iglesias son muy generales. Además, el secreto de la fuente que proporcionó la información está protegido por ley. En la dictadura, en no pocos casos, restos de detenidos desaparecidos que estaban sepultados clandestinamente fueron retirados de esos lugares por unidades de las Fuerzas Armadas, para evitar el riesgo de que fueran ubicados.

Por su lado, el Senado pidió ayer a los chilenos que 'tomen conciencia' y entreguen la información de que dispongan sobre el paradero de desaparecidos, para 'avanzar en la reconciliación' nacional.