Las Fuerzas Armadas chilenas reconocen con datos su responsabilidad en 400 desapariciones

En un mensaje televisado a la nación, el presidente Ricardo Lagos subrayó anoche la importancia del informe de las Fuerzas Armadas, en el que por primera vez los militares reconocen implícitamente que hubo violaciones de derechos humanos durante el régimen dictatorial.

'La información me ha producido un profundo dolor', dijo el presidente Ricardo Lagos. 'La información que he recibido es cruda y dolorosa, una información que habla de muerte, sepulturas, sepulturas clandestinas, cuerpos arrojados al mar, a los lagos y los ríos de Chile', continuó el presidente. En los 27 años transcurridos desde el golpe militar que encabezó Augusto Pinochet se había esclarecido el paradero de 171 desparecidos. 'Al ser esta información efectiva como esperamos, ésta será la información más importante recopilada en todos estos años', subrayó.

El jefe de Estado agradeció a los militares el paso dado con la entrega de una información que mantuvieron oculta durante casi tres decenios: 'Los uniformados de hoy han debido de responder por los de ayer, recuperando así ante la gran mayoría de sus compatriotas el sentido profundo del honor inherente a la vocación militar'. Aseguró que los altos mandos de las Fuerzas Armadas 'han asumido que Chile no puede mirar hacia el futuro sin despejar las deudas del pasado', y destacó que a partir de ahora muchos podrán iniciar un duelo que estaba pendiente desde hace muchos años, aunque para otros el duelo sigue pendiente. 'Hay más detenidos-desaparecidos que no sabemos dónde están', dijo, y lamentó el silencio de aquellos que teniendo información 'han callado'.

El histórico documento es consecuencia del compromiso adquirido hace seis meses por los participantes en la llamada Mesa de Diálogo para entregar toda la información posible sobre el paradero de los detenidos-desaparecidos. El viernes pasado, el presidente Lagos recibió en el palacio de la Moneda los datos recopilados por las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, la Masonería, las iglesias Evangélicas y la comunidad judía.

El diario La Tercera publicó ayer detalles de la información aportada por los militares, sobre la suerte de 400 casos de detenidos-desaparecidos. De ellos, 180 figuran con nombre y apellido y la presunta fecha de su muerte, y 45 con su paradero exacto. Uno de los datos de mayor significado es el reconocimiento por parte del Ejército de 27 casos de detenidos que fueron arrojados desde el aire frente a las costas de Pichilemu y del puerto de San Antonio, al norte de Santiago.

El documento consigna, asimismo, la ubicación en una zona de la séptima región de los cuerpos de tres detenidos que fueron fusilados. La Marina, por su parte, aporta datos del paradero de ocho personas, que habrían sido inhumadas en las cercanías de Santiago, en la Cuesta Barriga.

Otros detenidos fueron lanzados a los ríos Biobío y Toltén, al sur de Santiago. En varios casos los militares acompañan la información con mapas y las coordenadas de las ubicaciones, lo que permitirá a los investigadores comprobar su veracidad. Los uniformados admiten que en los primeros días posteriores al sangriento golpe del 11 de septiembre de 1973 los cadáveres de numerosas personas muertas en distintos lugares de Santiago fueron trasladados desde el Servicio Médico Legal al Cementerio Legal, y da cuenta de la incineración de 182 cuerpos, cuyas cenizas fueron esparcidas en el recinto mortuorio.

Otro grupo de 160 cadáveres fue enterrado en el llamado Patio 29 del mismo cementerio, de los que han sido identificados 31 en distintas exhumaciones llevadas a cabo en los últimos años por orden judicial.

El presidente Lagos ha entregado toda la información recibida al presidente de la Corte Suprema y ha pedido explícitamente la designación de jueces especiales para investigar los referidos casos. Antes de hablar anoche ante las cámaras de televisión, el jefe del Estado recibió a una delegación de los familiares de las víctimas de la dictadura para entregarles los datos obtenidos.

Según el diario que filtró la información, el Ejército considera que ha logrado esclarecer el 66% de los 177 casos de desaparecidos que le imputa el Informe Rettig, entregado en febrero de 1991 por encargo del entonces presidente Patricio Aylwin. De un total de 985 de detenidos-desaparecidos atribuidos a miembros de las Fuerzas Armadas, la peor parte la lleva la DINA (antigua policía política de la dictadura), con 359, y los Carabineros (policía militarizada), con 304.