Los tribunales examinan el recurso de Pinochet bajo fuertes presiones

Políticos, militares y jueces de Chile están pendientes una vez más de lo que ocurre en el Palacio de los Tribunales de Santiago, donde se dirime un nuevo capítulo del caso Pinochet. La Quinta Sala de la Corte de Apelaciones examinó ayer el recurso presentado por la defensa del ex dictador contra el auto de procesamiento emitido la semana pasada por el juez Juan Guzmán. Los magistrados, que alcanzaron un acuerdo cuyo sentido se desconoce, harán público su fallo el lunes, según anunció ayer la jueza Carmen Carvajal.

La táctica de la defensa

Sus deliberaciones se llevaron a cabo bajo un clima de presión, maniobra y chantaje para dar carpetazo al caso. El argumento que se impone sobre los jueces es que hay que llegar a un acuerdo político para resolver el caso. Todo ello a pesar de que Pinochet está acusado, en calidad de autor, de 57 homicidios y 18 secuestros cometidos en la llamada Caravana de la Muerte.La jornada empezó cargada de malos presagios para los abogados querellantes, entre los que reinaba el pesimismo por tres hechos producidos el miércoles. En primer lugar, la convocatoria a regañadientes del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) por parte del presidente Ricardo Lagos es la más clara expresión de la capacidad de presión que conservan los militares en Chile. Los generales están satisfechos por el paso atrás dado por Lagos, que consideraba que no había razones para convocar una institución heredada de la dictadura. El diario El Mercurio, con excelentes lazos con el pinochetismo, daba cuenta ayer de que la decisión del presidente ha sido lo que esperaban los militares "en momentos donde se ve afectada la convivencia nacional, en situaciones que se involucra al Ejército y a las Fuerzas Armadas". Aunque la reunión del Cosena no se celebrará hasta que termine la tramitación del recurso de Pinochet, su convocatoria es un claro mensaje al país en general y a los jueces en particular de que tocar a Pinochet equivale a tocar a la familia militar. La polémica convocatoria ya ha provocado las primeras fricciones en la coalición gubernamental de la Concertación: el senador demócratacristiano Jorge Pizarro dijo que "no hay nada que demuestre que la seguridad del país está en peligro o que la paz social está alterada como para convocar el Cosena".

El segundo hecho que no pasó inadvertido en vísperas de la vista del recurso en la Corte de Apelaciones fue la sanción grave aplicada por la Corte Suprema contra el juez Guzmán, que si bien no le aparta de la causa deja malparado su futuro en la carrera judicial. El motivo de la sanción fue una carta privada, filtrada a la prensa, en la que el magistrado se solidarizaba con la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, que está siendo sometida a una campaña de descrédito por la derecha y los sectores más conservadores del poder judicial.

En tercer lugar, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones cambió en el último minuto su composición por la repentina baja médica solicitada por uno de sus miembros, el juez Lamberto Cisternas, que alegó "problemas de presión". Este magistrado votó en su día a favor del desafuero de Pinochet. Su sustituto automático es el presidente de la Sexta Sala, Raimundo Díaz, "un connotado pinochetista", según los abogados querellantes, que se apresuraron, sin éxito, a presentar una recusación contra él.

Con estos antecedentes empezó la sesión en la Corte de Apelaciones. La táctica seguida por los abogados de Pinochet en el recurso de amparo y en los alegatos de ayer ha ahondado en supuestos errores de procedimiento del juez Guzmán, pasando por alto las cuestiones de fondo. El letrado Pablo Rodríguez basó su defensa en el argumento de que no ha habido declaración indagatoria del inculpado al no haber sido interrogado. Los abogados querellantes recordaron, por su parte, que el juez Guzmán envió a Londres, cuando Pinochet estaba detenido, un exhorto con 72 preguntas que fue devuelto en blanco, pero con una carta en la que, entre otras cosas, el general se declaraba inocente. El magistrado dio por contestado el interrogatorio, ya que a todo inculpado le asiste el derecho a decir lo que quiera. La defensa evitó pronunciarse, una vez más, sobre las gravísimas acusaciones contra el ex dictador, que en su condición de comandante en jefe del Ejército envió al general Sergio Arellano Stark al frente de una siniestra comitiva que operó en diversas ciudades del país después del golpe de Estado de 1973 y que acabó con la vida de 75 opositores.

[Por otra parte, Joyce Horman, viuda del periodista estadounidense Charles Horman, ejecutado tras el golpe militar de 1973 y cuyo caso inspiró la película Missing, presentó ayer una querella criminal contra el general, informa Efe.]