Paraísos fiscales y armonización
"Los paraísos fiscales no han sido el factor detonante de crisis anteriores. Pero ahora sí temo que desencadenen una crisis en el futuro". Esta declaración pertenece al director general del Banco Internacional de Pagos (el banco central de bancos centrales) y director del Foro de Estabilidad Financiera, Andrew Crockett, en marzo pasado. Poco después, en junio, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, en la cumbre de Feira (Portugal), fijaron un plazo hasta fin de año para llegar a un acuerdo sobre la armonización fiscal del ahorro y gravar los rendimientos del capital. Se trataba, entre otras cosas, de eliminar los paraísos fiscales dentro de la UE.Antes de finalizar dicho plazo, el Ecofin (Consejo de Ministros de Economía y Hacienda) del lunes pasado daba un paso histórico para llegar a esa armonización fiscal. Se creaba un poco más de Europa. Con todas las cauciones, la armonización fiscal del ahorro en la UE será realidad dentro de nueve años, tras superar dos etapas distintas: conversaciones con países terceros y aplicación de una fase transitoria en la que unos países aplicarán una retención en origen y otros el sistema de informar a los demás Estados. Los ministros aprobaron una lista de 66 regímenes fiscales calificados como potencialmente perniciosos para el mercado interior y que habrán de ser desmantelados para 2003.
La OCDE considera paraísos fiscales a los lugares que cumplen las cuatro siguientes características: sus regímenes fiscales mantienen unos impuestos bajos o nulos a los beneficios por actividades financieras; el régimen tributario está desconectado de la economía nacional; sistemas no transparentes con escaso o nulo control de los investigadores financieros comunitarios, y no se produce intercambio de información efectivo sobre los datos de clientes adscritos al régimen tributario.
Según algunas fuentes, al menos un tercio de los haberes financieros colocados en el mundo por particulares se encuentra en los paraísos fiscales. Estos particulares buscan estabilidad política e institucional, presencia en su territorio de sucursales de los grandes bancos internacionales, fiscalidad fiable o inexistente, secreto bancario especialmente denso, etcétera. En muchos casos no se trata de dinero sucio, sino de capitales ganados de modo ortodoxo en busca de una fiscalidad ventajosa. Grandes fortunas, más o menos confesables, pueden fructificar con toda tranquilidad y escapar a la justicia y a la hacienda del país de origen. En cuanto al dinero sucio, los ministros de Finanzas del G-7 hicieron hace pocos meses una declaración titulada Reforzar la arquitectura financiera internacional, en la que hablaban de "una nueva voluntad internacional de luchar contra la delincuencia financiera en el mundo. La globalización de la economía ofrece ocasiones sin precedentes para los negocios y las finanzas, pero facilita también la capacidad de los lavadores de dinero sucio para que ayuden a los terroristas, traficantes de droga, crimen organizado y a los funcionarios extranjeros corrompidos".
En julio pasado, la OCDE hacía público un documento titulado Hacia una cooperación fiscal global, en el que establecía una lista de 35 paraísos fiscales acusados de prácticas impositivas dañinas. Casi la mitad de los territorios seleccionados están bajo soberanía o dependencia de alguno de los 29 países miembros de esta organización (los países más ricos del planeta). El Reino Unido está a la cabeza, con ocho; Estados Unidos tiene dos; los Países Bajos, otros dos, y Francia, uno.
Con estos antecedentes, se comprenden las dificultades de los países de la UE para llegar al acuerdo de armonización fiscal; los Quince se han comprometido a aplicar lo pactado en los territorios dependientes y asociados, caso de Gibraltar y de las islas del Canal.
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