Las empresas han recibido entre 1996 y 1999 el 31% de las ayudas para formación ocupacional

, La formación ocupacional, destinada a parados que se quieren insertar en el mercado laboral, ha recibido entre 1996 y 1999 un total de 8.248 millones de pesetas procedentes del Gobierno vasco y de Bruselas. El 30,9%, algo más de 2.552 millones, ha ido a parar a empresas privadas, en gran parte por cursos de formación ligados a la contratación de personal. El resto de las organizaciones que se benefician de estas subvenciones son entidades sin ánimo de lucro, centros de formación públicos y privados, administraciones, universidades o sindicatos. En Euskadi existen tres tipos de formación: la reglada, que depende de Educación; la continua, para trabajadores en activo, gestionada por Hobetuz y Forcem, y la ocupacional.

El 'caso Pallerols'

Los presupuestos para la formación ocupacional se nutren de aportaciones del Fondo Social Europeo (FSE) y de los fondos propios del Gobierno. De hecho, el Ejecutivo adelanta anualmente el dinero que llega de Bruselas para agilizar el desarrollo de los cursos, ya que las partidas del Fondo Social llegan con retraso. En el periodo 2000-2006 Euskadi recibirá del FSE 37.000 millones de pesetas para todas las instituciones y todos los niveles formativos.Los fondos para formación ocupacional que se destinan a empresas aumentaron a partir de 1996, cuando se crearon los cursos con compromiso de contratación. Éstos y aquellos otros que el observatorio del Gobierno considera imprescindibles tienen la financiación asegurada y no entran en concurrencia con los demás cursos. Normalmente, las empresas que se acogen a esta modalidad formación con compromiso de contratación trabajan en sectores tecnológicos. Entre ellas están varias del sector aeronáutico, con Gamesa e Industria de Turbopropulsores (ITP) a la cabeza, aunque también destacan otras como Eroski, Marks & Spencer, Astilleros Zamakona o Cáritas.

El resto de los cursos ofertados por las diversas organizaciones compiten entre sí por los fondos de cada año. Aunque el sistema de evaluación de los cursos ofertados es bastante riguroso, en la adjudicación final hay un margen para la discrecionalidad de técnicos y políticos.

No obstante, portavoces del Departamento de Trabajo aseguran que los controles internos y externos, en los que participan los sindicatos y la patronal, imposibilitan en principio que en Euskadi pueda darse el caso Pallerols, registrado en Cataluña. Centros de formación de personas próximas y familiares de Unió Democratica de Catalunya, que controla el Departamento de Trabajo de la Generalitat, se vieron favorecidos irregularmente en la asignación de subvenciones.Todos los ejercicios se da un plazo de un mes para presentar las solicitudes y tres para realizar la adjudicación de las subvenciones. Normalmente, el 30 de marzo terminaba el plazo de solicitud, sin embargo, este año se ha adaptado el decreto regulador a normativas europeas y se ha retrasado un mes.

Las solicitudes se reparten, de acuerdo con los colectivos a los que vayan destinados (colectivos especiales, nuevas tecnologías, nuevos promotores, compromiso de contratación etc.), a parejas de técnicos que van a realizar una primera calificación. Cada curso recibe una puntuación de salida, en función de unos parámetros previamente informatizados (datos del mercado de trabajo en la comarca, desempleo, zona desfavorecida, etc.). A ésta valoración hay que sumarle la puntuación que da un serie de condiciones que, aunque están regladas, permiten un cierto margen de discrecionalidad a los evaluadores. Los datos sobre los que puntúan los técnicos del Departamento de Trabajo van desde la calidad del centro, la innovación, la estructura del centro, o el compromiso con la igualdad de oportunidades, entre otros.

Todos los expedientes, ya puntuados por los técnicos, pasan a a la Comisión de Control, en la que se reúnen los técnicos con el director de Empleo y deciden en favor de unas zonas u otras o de unos cursos u otros. Los criterios que imperan son el equilibrio territorial y las especialidades profesionales. De la reunión se hace un acta sobre la que decide el director de Empleo. La decisión se publica en el Boletín Oficial del País Vasco y posteriormente es fiscalizada tanto por el servicio de intervención del Gobierno como por la comisión de control, en la que participan los sindicatos y la patronal.

La subvención que se concede a cada curso no siempre corresponde con cantidad solicitada por la entidad que lo organiza.El Gobierno realiza su propio cálculo de lo que, a su juicio, es el coste del curso y fija la subvención de acuerdo a él. Las entidades que no han recibido subvención pueden recurrir. Además, todos los años se recupera algo de dinero de los cursos mal realizados o que no se han ejecutado.