La justicia prohíbe salir de Chile durante 60 días a Pinochet y a otros altos oficiales

Con una celeridad poco habitual, el magistrado Luis Correa Bulo resolvió ayer dictar una orden de arraigo (imposibilidad de salir del país) durante 60 días contra los siete implicados en el asesinato en Buenos Aires del general Carlos Prats y su esposa: el ex dictador Augusto Pinochet y seis ex jefes y ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía política del régimen. La medida fue tomada apenas el segundo día en que quedó en manos del magistrado la resolución ante la petición de extradición de la justicia argentina para los implicados.

Se trata de la primera medida judicial concreta que afecta a Pinochet por algún caso de violación a los derechos humanos, desde que la Corte Suprema le quitó en agosto pasado su inmunidad parlamentaria por 19 secuestros calificados de prisioneros políticos cometidos por la Caravana de la Muerte, una comitiva militar para la represión política, en octubre de 1973, poco después del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende.

La orden de arraigo del juez Correa Bulo afecta también a cuatro altos oficiales en retiro del Ejército y a dos civiles, todos ellos ex miembros de la DINA. Se trata del ex jefe de este organismo represivo, general Manuel Contreras, quien actualmente cumple los últimos meses de su condena a siete años de reclusión por el asesinato del ex ministro Orlando Letelier; al brigadier Pedro Espinoza, ex número dos de la DINA, que ya cumplió su condena de seis años de cárcel por el crimen de Letelier y ahora está procesado por la Caravana de la Muerte; al general Raúl Iturriaga, que estuvo al frente de las operaciones externas de la DINA; al brigadier José Zara, y a los civiles Jorge Iturriaga y Mariana Callejas, esta última ex esposa de Michael Townley, el agente norteamericano de la DINA.

Asociación ilícita

Todos ellos están acusados en la justicia argentina por su participación en una asociación ilícita, la DINA, que planificó y cometió el atentado en el que murieron en 1974, en pleno centro bonaerense, el ex comandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert. Los agentes de la dictadura de Pinochet buscaron "neutralizar" a todos aquellos que, como Prats, podían formar o encabezar un gobierno en el exilio. Contra dos de los siete afectados la medida del juez no tiene efecto práctico alguno, aunque igualmente tiene un impacto de imagen de rigor judicial: Pinochet, que está en su domicilio recuperándose de una neumonía, y no contempla entre sus planes ninguna salida más al exterior después de su experiencia en el viaje a Inglaterra, que le significó 503 días de detención en Londres, por petición del juez Baltasar Garzón, y Contreras, que no puede hacerlo porque se encuentra en la cárcel de Punta Peuco.

La resolución del magistrado, de dos folios, tiene el carácter de medida de espera, mientras le llega desde Buenos Aires una copia de la orden de detención contra Pinochet, que dictó en esa ciudad el juez Juan José Galeano. Este último, mientras reemplazaba a la jueza titular María Servini de Cubría, resolvió pedir la extradición de Pinochet y los otros imputados y su detención preventiva, en el marco del juicio en Buenos Aires contra el único procesado, el ex agente de la DINA Enrique Arancibia.

El martes, los abogados querellantes en este caso, Pamela Pereira y Hernán Quezada, le pidieron a Correa Bulo dictar orden de detención contra Pinochet. El juez admitió en declaraciones previas que éste es un caso "difícil" y dijo que no se dejará presionar. Correa Bulo, uno de los magistrados de la Suprema que votó a favor del desafuero de Pinochet y considerado uno de los autores de la reinterpretación jurídica que permitió a los jueces esquivar los efectos de la ley de amnistía de la dictadura, ha sido acusado por la derecha de tráfico de influencias. Por otra parte, en un fallo unánime, la segunda sala de la Corte Suprema resolvió ayer rechazar el pedido de extradición a Italia del general Iturriaga, condenado en ausencia en Roma por el atentado de la DINA que dejó lisiado en 1975 al ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton y herida a su esposa, Anita Fresno.