Los juzgados de violencia sobre la mujer advierten de que la ampliación de sus competencias provocará su “colapso total”

Que los jueces y juezas de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer estaban sobrepadados de trabajo es algo que llevan años repitiendo, pero hasta ahora no habían sido tan explícitos. Este lunes, 135 titulares de estos juzgados especializados en violencia machista han advertido de que la ley de eficiencia judicial aprobada en enero supondrá el “colapso total”. La norma contempla que asuman todos los delitos sexuales de los que sean víctimas las mujeres, sean o no cometidos por sus parejas o exparejas, algo que hasta ahora no sucedía ya que la ley de violencia de género española enmarca esa violencia únicamente dentro de la pareja o expareja. Las nuevas competencias que tendrán incluirán todos los delitos sexuales, es decir, las agresiones pero también la trata, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados y el acoso sexual. Eso, recuerdan los jueces, supondrá un aumento de al menos el 20% en su carga de trabajo, algo que ha admitido el propio Gobierno.

Esa nueva norma, que incluye algunas reformas de la llamada ley del sí es sí, prevé que los juzgados asuman los nuevos delitos a partir del 3 de octubre. El pasado enero, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, anunció la intención de reforzar las secciones especializadas de violencia machista con juzgados procedentes de las de instrucción. Pero los magistrados advierten en su comunicado que dicho refuerzo no está previsto hasta el 31 de diciembre de este año. En el lapso de tiempo entre octubre y diciembre, los jueces auguran que se vivirá un momento crítico en unos órganos “ya de por sí sobrecargados”.

En los últimos 20 años, siguen los magistrados, se ha producido un aumento “progresivo y exponencial” de los delitos relacionados con la violencia machista sin la correlativa ampliación del número de juzgados. Un aumento que responde, entre otras cuestiones, a la ley de violencia de género aprobada en 2004: la visibilización de esta violencia y el reconocimiento y el amparo institucional ha provocado un afloramiento de las denuncias de un problema estructural que hasta entonces se mantenía en la mayoría de ocasiones en el ámbito privado.

En 2010, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial contabilizó 134.105 denuncias por violencia de género, y en 2023, esa cifra rozaba las 200.000. Según la denuncia de este grupo de titulares de juzgado, las investigaciones que derivan de esas denuncias se dan en un contexto de “absoluta precariedad de medios” en materia de equipos de valoración forense, asesoramiento y asistencia a la víctima, dispositivos telemáticos, y otros ámbitos.

El objetivo de que estos juzgados se hagan cargo de la violencia sexual es, como explican en el comunicado, la necesidad de que lo hagan al ser órganos que llevan dos décadas acumulando experiencia en este tipo de violencia. “Se insiste en el trato adecuado a la víctima, y en la necesidad de que esta sea escuchada con tranquilidad y sosiego”, afirman en el documento insistiendo en que en estos 20 años se ha adquirido una experiencia que “no ha ido acompañada de una correlativa ampliación del número de Juzgados”.

Y el volumen de trabajo en los nuevos delitos es creciente, porque esas cifras no han parado de crecer desde que el Ministerio del Interior publica estadísticas específicas, en 2017: año tras año, con la excepción de 2020 por la pandemia, aumentan las denuncias por delitos sexuales. En 2023 se registraron 21.825, un 14,8% más que las 19.023 de 2022, según el último informe sobre ataques a la libertad sexual del Ministerio de Interior, del pasado año.

Ahora, la forma en que ha sido diseñada la reforma producirá, en su opinión, un “significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género” que tendrá como consecuencia la “desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas”, así como la “imposibilidad material” de poder atender adecuadamente los casos. “Los juzgados más congestionados”, añaden, son además “los más proclives a rechazar las peticiones, precisamente por esa sobrecarga que sufren”.