El Congreso da luz verde al nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género

“Que más allá de diferencias ideológicas, haya un consenso. Y nos hemos sentado con el único objetivo de poner en el centro a las mujeres víctimas”, las de la violencia machista. Entre otras cosas para pronunciar esa frase ha usado la tribuna del Congreso la mañana de este miércoles Joseba Andoni Agirretxea Urresti, del PNV. Se refería al consenso que se ha producido después, cuando el hemiciclo, con Vox en los márgenes, ha dado luz verde al nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género: 315 a favor, 33 en contra (de la ultraderecha) y ninguna abstención con los que los grupos políticos asumen como compromiso las 461 medidas que componen este nuevo documento que incide en la violencia vicaria, propone reconocer oficial y legalmente la económica y ahonda en la digital, sobre todo enfocada a niños, niñas y adolescentes.

Y, con el contexto actual, con un gobierno de coalición con no pocas y públicas fricciones, y en un escenario global que ya ha hecho real el retroceso en política feminista en varios países, no era fácil. La práctica totalidad de las y los portavoces que han fijado posiciones antes de la votación han aludido a la formación de un bloque frente a la violencia de género. “Un ejercido de buena política, lejos del ruido y la crispación, con un debate serio y respetuoso, y con propuestas y cesiones por parte de todas”, ha descrito Jùlia Boada, de Sumar, que como muchas otras diputadas ha dejado fuera a la ultraderecha al hablar del trabajo conjunto.

Porque la excepción, eso sí, como siempre, ha sido Vox. Rocío Aguirre Gil de Biedma ha usado su turno para ahondar en su discurso negacionista. A cómo la legislación feminista es “injusta” para los “varones” y vulnera “su presunción de inocencia” se ha referido la diputada de la ultraderecha, que ha calificado de “fracaso” tanto el Pacto como las políticas específicas contra esta violencia. “Sueño el día que podamos llegar con la motosierra y ver sus caras”, ha dicho sobre toda la estructura que el Estado lleva dos décadas levantando contra la violencia de género.

Una que la socialista Milena Herrera ha recordado que tiene ya en sus estadísticas a 1.296 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, 62 feminicidios fuera de ese ámbito [se contabilizan desde 2022], 62 niños y niñas asesinados por sus padres o las parejas de sus madres desde 2013, y 474 huérfanos, solo aquellos que son menores porque, hasta ahora, los mayores de edad no se contabilizan.

“Aunque esa cifra no habla del miedo, del aislamiento, de las amenazas y extorsiones, de la angustia constante de decenas de miles de mujeres cada día”, ha añadido Herrera. Contra todo ello, han recordado varias, el presupuesto para los próximos cinco años. 1.500 millones de euros, un 50% más que el anterior acuerdo.

Del total, 800 millones irán para las autonomías, 500 que irá a la Administración General del Estado, y 200 a las entidades locales para poner en marcha medidas tan concretas como ampliar “la formación de los operadores jurídicos en relación con el denominado Síndrome de Alienación Parental”, “seguir aumentando efectivos de unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la atención, protección e investigación de delitos de violencia de género”, o “avanzar en la adaptación de los espacios en las instalaciones policiales que permitan una atención diferenciada y adecuada a las necesidades de víctimas y testigos con el objetivo de asegurar su bienestar y protección”.

Y, aunque varias han aludido a que este es “el mejor pacto” porque es al que han logrado llegar trabajando de forma conjunta, y aunque todas lo han remarcado, también han dejado ver que no para todos los grupos es el deseado. Para algunas, como pasó ya con Podemos cuando nació este acuerdo en 2017 ―se abstuvo porque no le pareció suficiente―, este es un texto “de mínimos”, ha calificado por ejemplo Etna Estrems de ERC, que ha expuesto que, entre otras cuestiones, se han quedado fuera “la violencia obstétrica y la institucional”, ambas reconocidas por tratados y organismos internacionales; y “no es el que queríamos”, ha dicho Boada, de Sumar.

Hay varias cuestiones que siguen abiertas dentro de las políticas feministas y que han tenido reflejo en este texto como lo han tenido en la tramitación de las últimas normativas. Sobre todo, la prostitución. “El trabajo sexual” al que se ha referido Isabel Pozueta, de Bildu. Esa discrepancia sobre la mejor forma de atajarla ―prohibición, legalización, abolición― no solo hizo peligrar la ley de Libertad Sexual sino que también generó roces en la realización de la normativa contra la trata, que el Pacto también insta a aprobar de forma urgente en una de sus medidas y que, en principio, no aborda la prostitución.

Una cuestión, la prostitución, que ha aparecido entre las intervenciones que han salido exclusivamente del Pacto y han aludido a algunas de las últimas denuncias por violencia sexual en política. La ultraderechista Gil de Biedma ha hablado de “los prostíbulos de Ábalos”. Sobre Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, Alberto Catalán, de UPN, ha dicho “feministas de hojalata” y ha insistido en “el daño que han hecho al el feminismo”. Y la popular Alós ha acusado a Podemos, Sumar y el PSOE de “instrumentalizar” el feminismo.

Tras todas las intervenciones, ha cogido el último turno de palabra Ana Redondo, la ministra de Igualdad: “Después de escucharles atentamente, valoro si cabe todavía más este acuerdo. Los grandes consensos han sido imprescindibles para convertir la sociedad machista en una sociedad igualitaria, encaminados a construir una sociedad más digna y más coherente”. Consciente de “las dificultades”, ha dicho, el documento “es el primer paso al que debe seguir un trabajo transversal y sistemático para implementar con medidas legislativas e institucionales y con nuevos recursos el mandato que surge hoy del Congreso”.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.