Medidas contra la violencia doméstica

Los partidos rechazan la pretensión de Bono de publicar los nombres de agresores de mujeres

El PSOE considera "discutible" la medida, que rechazan PP, IU, CiU y los jueces y fiscales

El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, se quedó ayer prácticamente solo en su defensa de dar publicidad a los nombres de los condenados en firme por maltratar a las mujeres. Ni siquiera encontró respaldo en su partido, el PSOE, donde se calificó de "discutible" la medida. Sólo las asociaciones de mujeres apoyaron la iniciativa, contra la que arremetieron tres ministros del Gobierno. Distintos juristas han tachado la propuesta de ilegal y demagógica. Sin embargo, Bono insistió en que, cuando cuente con un dictamen que avale la constitucionalidad de la iniciativa, la pondrá en marcha.

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Bono planteó el martes, en el debate sobre el estado de la región, la posibilidad de publicar en los medios de comunicación la identidad de los condenados por violencia doméstica para su "escarnio y vergüenza". Esa difusión debería contar con el visto bueno de las víctimas. Ayer reiteró que, cuando cuente con un dictamen que avale la constitucionalidad de esa medida, la pondrá en práctica, informa Isabel Salvador. "El derecho a la intimidad de un condenado por maltratar a una mujer debe ser tenido en cuenta, pero el derecho de las mujeres a no ser maltratadas es más importante", añadió Bono. Señaló que su iniciativa obedece a la petición "de la inmensa mayoría de asociaciones de mujeres que hay en España" y recordó que las sentencias son públicas y que algunas incluso se difunden en el Boletín Oficial del Estado. - PSOE. El portavoz socialista en el Congreso, Jesús Caldera, calificó de "discutible" la iniciativa de Bono, aunque alabó su "prudencia" al someter la idea al estudio de su viabilidad constitucional. "Creo que hay argumentos a favor y en contra, y, por lo tanto, es una propuesta abierta al debate", dijo Caldera. Anunció que el PSOE presentará una proposición no de ley para concentrar todas las medidas contra la violencia doméstica, que definió como "uno de los principales problemas de la sociedad española". Consideró "muy acertada" la iniciativa del Gobierno castellano-manchego de personarse en las causas por malos tratos. La secretaria federal de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro, consideró que la propuesta de Bono "no tiene mucha validez de forma aislada", informa Carmen del Arco. En la Federación Socialista Madrileña, la secretaria de la Mujer, Helena Almazán, se manifestó "totalmente a favor" de la iniciativa de Bono.

- PP. La ministra de Sanidad, Celia Villalobos, arremetió contra la propuesta del presidente castellano-manchego, de quien dijo que "no tiene autoridad para opinar" sobre la violencia doméstica. Le acusó de proponer este tipo de iniciativas para "desviar la atención" de los problemas de su comunidad. "Siempre saca algo, como el conejo de la chistera", añadió. "La ley no puede ir más lejos", aseguró. A su juicio, el problema "no es sólo responsabilidad del Gobierno", sino de toda la sociedad.

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, destacó que no caben "soluciones milagrosas ni mágicas", "ni declaraciones más o menos originales" contra la violencia doméstica. Abogó por la colaboración de la sociedad y la coordinación de los poderes del Estado para atajar un problema que no puede tener un tratamiento "estrictamente policial". El ministro portavoz, Pío Cabanillas, también descalificó la iniciativa de Bono. Consideró "muy peligroso" intentar soluciones derivadas de "planteamientos demagógicos".

- CiU. La portavoz de Convergencia i Unió en la comisión mixta de los Derechos de la Mujer, Mercé Pigem, rechazó que poderes distintos al judicial puedan añadir penas suplementarias a las sentencias dictadas por los tribunales. Sin embargo, se mostró receptiva a estudiar nuevos castigos para perseguir la violencia doméstica.

- IU. La portavoz para temas de la mujer, Marisa Castro, se opuso a la propuesta del presidente castellano-manchego, de quien dijo que parece que "se le ha secado el cerebro". Puntualizó que la publicación de la identidad de los maltratadores sería inconstitucional. Además, no respetaría el derecho a la reinserción social y podría conculcar el derecho de los familiares a que no se haga publicidad del caso.

- Jueces y fiscales. A las opiniones negativas expresadas el martes por tres asociaciones de juces y una de fiscales se sumaron ayer otras manifestaciones, como las del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Mariano Fernández Bermejo. Éste se opuso a la confección de "listas de malditos". Matizó que, aunque las sentencias son públicas, hacer esos listados para "escarnio" chocaría con el derecho a la reinserción de los condenados.

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