Presupuesto de riesgo

Parece un ejercicio político arriesgado, si no imprudente, trasladar el cuadro macroeconómico elaborado en julio a este mes de septiembre, como si no hubiera existido en medio una crisis motivada por un petróleo caro y un euro cada vez más barato. Puede ser discutible la profundidad de estos dos fenómenos, que en parte empiezan a corregirse mediante operaciones especiales como el apoyo de las grandes potencias a la moneda europea o el recurso de Estados Unidos a su fondo estratégico de petróleo, pero es difícil sostener que nada de esto vaya a afectar a las previsiones presupuestarias. Es verdad que existe una convicción bastante extendida de que puede haber pasado ya lo peor de esta crisis de verano, que los precios de los combustibles volverán a su cauce y que el crecimiento de la economía española no resultará excesivamente afectado el año próximo si el precio del crudo vuelve a situarse por debajo de los 30 dólares; pero, incluso contando con esos pronunciamientos favorables, hubiese sido más responsable tomar nota de la crisis petrolera y expresar algunas dudas sobre el crecimiento económico en las previsiones oficiales para los Presupuestos Generales del Estado del año 2001.Es un cálculo imprudente que refleja en primer lugar la resistencia del Gobierno a abandonar la idea del crecimiento sostenido. Los primeros efectos del choque petrolero ya están aquí: el Estado tendrá que pagar en torno a 250.000 millones adicionales a los pensionistas por la desviación de la inflación. Porque si caben dudas sobre el efecto que tendrá el choque petrolero sobre el crecimiento, y es posible que España se mantenga en tasas de progresión del PIB del 3,6%, pocas caben ya sobre los efectos devastadores que ha tenido el petróleo sobre los precios.

El problema más grave del Presupuesto de 2001 es que sus cuentas están diseñadas con unas previsiones de inflación que se mueven en el entorno del 2%, cuando el IPC en España está en el 3,6% en tasa anual y el Fondo Monetario Internacional prevé una inflación del 3,1% (como media) para este año, lo que ya será muy difícil de conseguir. Es evidente que los precios en la UEM tenderán a converger -a medio plazo-, pero, en el caso español, esta convergencia, que se pagará probablemente en términos de empleo y de cuota de mercado, no se producirá el año próximo. Elaborar el Presupuesto con una previsión de precios del 2% es puro voluntarismo o predisposición al autoengaño, lo que compromete el cumplimiento de la política presupuestaria. No es lo mismo que los ingresos públicos crezcan el 4,7% con una tasa de inflación del 2% -o el 2,5%, que es el deflactor del PIB que utiliza el Gobierno- que con una del 3%; y lo mismo puede decirse de los gastos, cuyo crecimiento previsto es del 4,5%.

Por otra parte, el objetivo de déficit cero o equilibrio presupuestario merece algún comentario. No es discutible que en los últimos cuatro años se ha ejecutado un meritorio ajuste del déficit público, que la economía española necesitaba y los agentes económicos agradecen. Pero el déficit cero, siendo un esfuerzo deseable, es un ejercicio contable, no estratégico. El déficit cero debe entenderse, pues, como el criterio general que debe seguir un Gobierno de aproximarse al equilibrio de las cuentas públicas; pero ese equilibrio no implica cuadrar las cuentas a cero, sino que puede aceptarse con un ligero déficit o superávit si la situación de la economía lo requiere. En el caso de la economía española, que tiene todavía un fuerte déficit de inversiones en I+D, en educación y en infraestructuras, la gestión política del Gobierno debe consistir en aceptar el nivel de déficit razonable que sea compatible con la convergencia real de la sociedad española con sus socios europeos. Los ciudadanos piden política presupuestaria, y no ejercicios de contabilidad.