El alcalde rechaza municipalizar la gestión de la funeraria porque "se produciría una quiebra"

El gobierno municipal del PP rechazó ayer la moción de IU y PSOE para recuperar la gestión de la funeraria, ahora en manos del socio privado, Funespaña, que cobra un 20% de los beneficios por esa labor. El presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo, está acusado de blanquear fondos para adquirir parte de la funeraria municipal. El alcalde, José María Álvarez del Manzano, calificó de "demagógica" la moción de IU y PSOE y recordó sus tres victorias electorales para avalar la bondad de la privatización de la funeraria, cuestionada por organismos fiscalizadores y judiciales de prestigio.

El presidente de la funeraria, Luis de Asúa, concejal del PP, aseguró que el rescate de la gestión pondría en riesgo le empresa y las pensiones de los trabajadores. El alcalde profundizó en la idea de la oposición para descalificarla y, además, considerar "irrelevante" recuperar la gestión de la funeraria, lo que supondría al menos 200 millones de pesetas de ingresos extraordinarios para el Ayuntamiento cada año. Como colofón al pleno celebrado ayer, Álvarez del Manzano aludió a sus victorias electorales (en 1991, 1995 y 1999, las tres por mayoría absoluta) como argumento supremo de la bondad de su decisión al privatizar la funeraria: "Los madrileños nos han otorgado la mayoría absoluta en las últimas tres convocatorias electorales. Ahora la empresa funciona, y funciona bien, y encima da beneficios".

Ni el alcalde ni su grupo municipal entraron a opinar sobre las personas y sociedades que se llevan la mayoría de los beneficios. Luis de Asúa, concejal y presidente de la funeraria, cifró en unos 2.000 millones los dividendos que ha obtenido el Ayuntamiento de Madrid desde la privatización.

Inés Sabanés, portavoz de IU, contrapuso que los gestores privados, Funespaña, se han llevado más de 5.000 millones en estos años, aparte de los cerca de 2.000 millones en los que el Ayuntamiento infravaloró la funeraria, según la Intervención del Estado, el interventor municipal, la Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas.

Asúa sugirió que el Ayuntamiento estaba maniatado frente al contrato por el que se otorgó la gestión de la funeraria a Funespaña. "Los contratos no se suspenden. Se denuncian y se resuelven. Y resolverlo nos costaría un pleito millonario, con un quebranto patrimonial de varios miles de millones".

Y frente a unos espectadores de excepción, los representantes sindicales de los trabajadores de la funeraria, Asúa lanzó un envite a la oposición: vaticinó que, si prosperase la petición de la oposición de suspender tal contrato e intervenir la empresa, se pondría en riesgo un fondo de pensiones de 3.200 millones que permitirá a los trabajadores cobrar el 100% de su actual sueldo cuando se jubilen.

IU y PSOE le acusaron de intentar echarles encima a los trabajadores y garantizaron que el control del Ayuntamiento no puede amenazar en modo alguno a la empresa. Sabanés apuntó que la estabilidad de la empresa no puede basarse en ignorar hechos tan graves como la acusación de blanqueo de fondos que pesa sobre el presidente de Funespaña, o el expolio que supone para las arcas vender una empresa por un valor casi 2.000 millones inferior a su precio real, o entregar la gestión con un pago del 20% de los beneficios. Y acusó a Asúa de manejar el espantajo de una quiebra tan falsa como la esgrimida cuando fue vendida la empresa: "Ya sólo defienden ustedes que la valoración de venta fue la correcta. Su interventor, el Tribunal de Cuentas, y la intervención del Estado han coincidido. ¿Qué institución falta?". Asúa esgrimió que el informe de la intervención presentaba defectos técnicos y no había sido aún recurrido, por lo que "no es definitivo".

Cristina Narbona, portavoz socialista, también rechazó que fueran presentados como enemigos de los trabajadores por pretender recuperar el control de la gestión. "No aceptamos los argumentos de que la empresa podría quebrar ni que dañamos los intereses de los trabajadores. Funespaña ha incumplido el contrato de gestión y el Ayuntamiento puede exigir recuperarlo".

Narbona preguntó si era conocida la capacidad de ingeniería financiera de Rodrigo cuando fue contratado, e instó al alcalde a pronunciarse si comparte la doctrina de los dirigentes del PP sobre que deben separarse las responsabilidades políticas de las penales. Tal reproche lo formuló ante las reiteradas invocaciones del PP de que no existen aún decisiones firmes judiciales sobre el presunto blanqueo de dinero de Rodrigo o la infravaloración de la funeraria al ser vendida. Narbona recordó cómo el PP pedía dimisiones de dirigentes nacionales del PSOE cuando aún no existían condenas firmes.

El alcalde aseguró que asumía la responsabilidad política de todas sus decisiones, e incluso la de algún edil incontrolado sobre la que recayera una "responsabilidad individualizada" por una acción "no inducida" por él, y rechazó insmiscuirse en un "proceso paralelo".