Dos años de prisión para un ganadero por contaminar con purines

La sección segunda de la Audiencia de Tarragona ha condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de siete millones de pesetas a José Bargalló Borràs, director técnico de la empresa ganadera Avidera, SL, situada en Vilanova d'Escornalbou (Baix Camp), por almacenar de forma ilegal purines que originaron la contaminación de cultivos, aguas superficiales y pozos de la zona. La empresa estuvo incumpliendo la legislación vigente sobre medio ambiente durante 15 años.

Desobediencia reiterada

Durante el tiempo que incumplió la legislación vigente, la empresa Avidera fue amonestada y expedientada en diversas ocasiones. Bargalló Borràs no podrá ejercer como ganadero durante el tiempo de su condena y la granja será clausurada, mientras que las empresas Avidera, SL, y Mogiris, SL, sociedad a la que pertenece la primera, deberán hacer frente al pago de los perjuicios causados, que se fijarán mediante un dictamen hidrogeológico.Un total de 15 años. El tribunal considera probado que durante este periodo la empresa Avidera, ubicada en la Partida Les Roques de Vilanova d'Escornalbou, en una zona limítrofe con la población vecina de Mont-roig del Camp, estuvo vertiendo directamente excrementos de los 5.000 cerdos de la explotación en balsas que no estaban impermeabilizadas.

Los purines sobresalían de las fosas o se filtraban en el subsuelo, y se deslizaron por los terrenos colindantes en un área de 300 metros. Los residuos invadieron barrancos, contaminaron los acuíferos cercanos y dañaron áreas de cultivo de avellanos, que resultaron muertos.

La contaminación alcanzó pozos de Mont-roig del Camp,en cuyas aguas se detectó contaminación microbiológica, por lo que no eran aptas para el consumo humano. También se ha probado que vertía purines en la población vecina directamente por medio de tuberías, sin tener licencia para ello.

El acusado, al que como director técnico de la explotación se le hace responsable de los depósitos, permitió asimismo la quema de animales muertos al aire libre, lo cual ocasionó emanaciones de gases tóxicos a la atmósfera. La granja no tenía ninguna depuradora.El fallo, de los pocos existentes sobre esta materia, recuerda que el Ayuntamiento de Vilanova ya tuvo que utilizar la fuerza pública para forzar a la empresa a paralizar la ampliación de sus naves en 1993 porque no tenía licencia para ello y que Bargalló se había comprometido entonces a legalizar las obras y las fosas de purines.

Según el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), un año después ninguna fosa estaba impermeabilizada. La empresa desobedeció asimismo las dos sanciones a las que fue condenada por la Junta de Saneamiento y por el Departamento de Medio Ambiente.

El fiscal consideró que el acusado incurrió en un delito continuado contra el medio ambiente y solicitó una pena de tres años de prisión, siete millones de pesetas de multa y la clausura de la granja hasta que se cumplieran todos los requisitos legales. La defensa de Avidera alegó que no se había cometido ninguna infracción legal.