México detiene a Cavallo hasta que se resuelva su extradición

Un juez mexicano ordenó ayer la detención del supuesto torturador argentino Miguel Ángel Cavallo, quien permanecerá en México mientras es tramitada la petición de extradición que solicitará la Audiencia Nacional. Para ello, España tiene un plazo de 60 días. Ayer se le comunicó al detenido la orden de prisión y captura dictada por el juez del mismo tribunal, Guillermo Ruiz Polanco, sustituto del juez de la causa, Baltasar Garzón, hasta mañana.

El argentino Miguel Ángel Cavallo, ex capitán de Corbeta, figura en el sumario abierto por el juez Garzón contra los militares argentinos de la dictadura y es acusado, junto a otras 97 personas, de genocidio, terrorismo y torturas, y de haber sido agente de inteligencia de la Escuela Mecánica de la Armada Argentina (ESMA), uno de los centros de detención más siniestros de la dictadura militar en donde, supuestamente, los detenidos eran sometidos a torturas.Cavallo fue detenido el jueves en México por el delito de identidad y documentación falsos, que el diario mexicano Reforma reveló en una investigación periodística. Según éste, varios supervientes del centro de detención de la ESMA reconocieron a Cavallo, que vivía en México como empresario con el nombre de Ricardo Miguel Cavallo. La detención se produjo cuando el supuesto torturador estaba a punto de embarcar en un vuelo a Buenos Aires.

Tras la orden internacional de captura comienza el proceso de extradición a España. Ayer, el juez séptimo de distrito en Ciudad de México, Jesús Guadalupe Luna, informó de que el Gobierno de España cuenta con 60 días para formalizar su solicitud de extradición de Cavallo.

El juez Ruiz Polanco ha dictado su auto de prisión y orden de detención internacional "a efectos de extradición", a petición de la Asociación Argentina pro Derechos Humanos de Madrid -que ejerce la acusación particular en la causa-, mediante un escrito presentado ayer y en el cual describe las torturas supuestamente cometidas por el acusado. Según ese escrito, el detenido era también conocido como Marcelo y Sérpico y formaba parte del sector Operaciones del centro clandestino de detención de la ESMA, en los años 1977 y 1978, con el grado de teniente de fragata de la Armada argentina.

"Estamos orgullosos de haber participado en este procedimiento, pero sabemos que estos hechos vuelven a poner en evidencia que nuestro país ha quedado convertido en el último reducto seguro para los genocidas", señaló ayer la asociación citada en referencia a la seguridad que encontraría Cavallo en su país, donde no tiene cuentas pendientes con la justicia. Antes de beneficiarse por la Ley de Punto Final argentina (amnistía), Cavallo estuvo a punto de ser procesado por el fiscal Julio César Strassera por 226 violaciones de derechos humanos, incluidas las desapariciones de las religiosas francesas Alice Domond y Leonie Duquet y la ciudadana sueca Dagmar Hagelin.

La asociación indicó también ayer que el caso Cavallo se ha convertido "en un clamor para que la Justicia y el Gobierno argentinos actúen contra los represores de la última dictadura militar. Se trata de un avance importante en la persecución universal de los grandes delitos contra la Humanidad". La asociación considera que "los tribunales de España o de los otros países que hoy tienen causas judiciales abiertas no podrán hacer justicia si la sociedad argentina, sus instituciones y sus autoridades no están dispuestas a hacerlo".

La asociación ha anunciado que durante la visita que el presidente argentino, Fernando de la Rúa, tiene previsto realizar a España el próximo mes de octubre le reclamarán "la nulidad de las Leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y de los indultos presidenciales con los que se intentó blindar a los responsables del mayor proyecto criminal de la historia argentina".