Un regalo histórico

Este mes de agosto, en que Alemania ha asignado el espectro para los móviles de tercera generación (UMTS), ha venido a confirmarnos que, si el Gobierno español no rectifica, pasará a la posteridad por haber dado el mayor regalo de dinero público de la historia de España. Inglaterra consiguió 6,5 billones de pesetas por sus licencias pero se pensaba que Alemania, con una subasta mal diseñada, no conseguiría ni un billón y medio y, sin embargo ya ha superado los 7 billones de pesetas. Haciendo un cálculo conservador, España podría conseguir alrededor de 4 billones de pesetas si decide no regalar el uso del espectro público.No hay ningún asunto público en España que, por su magnitud económica, merezca más atención que éste. Se trata de un 4% del PIB. Dar algo que vale 4 billones por 86.000 millones es regalar 3.914.000 millones de pesetas y es mucho lo que podría hacerse con esa cantidad de dinero público. Se podría utilizar para dotar el fondo de reserva de la Seguridad Social, al que se han destinado este año 60.000 millones. O aumentar inversiones reales en infraestructuras para las que el Ministerio de Fomento tiene este año un presupuesto de sólo un billón. Se podría reducir la deuda pública, con el consiguiente ahorro de gastos financieros. O reducir impuestos. Las orientaciones políticas definen lo que se hace con el dinero público, pero nadie, sea de derechas o de izquierdas, debería regalarlo a sus elegidos.

Para corregir su error, el Gobierno no tiene más que aprobar unas normas que modifiquen el número de licencias (nadie ha justificado por qué aquí se han asignado sólo cuatro y no cinco como en los demás países) y el precio (dárselas a quien pague más por ellas) realizando una nueva asignación basada en la competencia. Lo más probable es que todos los que obtuvieron el espectro de regalo acudan a la subasta y acepten pagar por explotarlo, porque las empresas ganan dinero aunque paguen por usarlo pero, ¿qué pasaría si alguna de las que consiguieron la licencia anterior no quisiera participar en un procedimiento de competencia o, participando, no consiguiera el espectro? Éste es un problema que surge siempre que se cambia una regulación por la que somete a algunas empresas a la competencia mientras que la normativa anterior no las sometía.

Las soluciones van desde no pagarles nada, porque se considere que lo excepcional fue no aplicar competencia, a la de indemnizarlas por el cambio de normativa. La indemnización no se hace por las expectativas de beneficios, porque entonces no se obtendría nada de la competencia, sino por los gastos realizados que no sean recuperables. En el caso de las UMTS, dado que las empresas no llevan mucho tiempo operando con una normativa distinta sino tan sólo unos pocos meses, los gastos a indemnizar serían ridículos al lado de los 4 billones de pesetas que se perderán si no se cambia la normativa.

Como sucede muchas veces en la gestión pública, basta con aplicar el sentido común. Lo que tienen que hacer los gobernantes con el dinero público es administrarlo como si fuera el suyo propio. Economía significa en griego llevar bien la casa. Si los gobernantes tuvieran un terreno o un chalet que valiera 400 millones de pesetas, no se lo darían a nadie por 8 millones, salvo que fuera un familiar o alguien amigo, pero que muy amigo. Si algo público vale 4 billones (el valor de las cosas es lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas), no lo deberían dar por 80.000 millones.

Se puede alegar que todos los días los gobiernos de todo el mundo están administrando mal el dinero sin que merezca la pena proponer reformas. Pero es que el caso que nos ocupa es excepcional, tanto por la dimensión económica del despilfarro como porque es fácil evitarlo, pues basta ver lo que han hecho Inglaterra o Alemania o lo que, dentro de poco, harán Italia o Estados Unidos. Si no se imita a estos países, se consumará el mayor regalo de dinero público de nuestra historia. El Gobierno está todavía a tiempo de que no se le recuerde por ello.

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