El silencio del senador vitalicio divide a sus partidarios

Acelerar los asesinatos

En su domicilio situado en el barrio La Dehesa, el más lujoso de Santiago, esperaba ayer Pinochet, rodeado de su esposa e hijos, el fallo de la Corte Suprema, después de que en la víspera volviera en automóvil desde su residencia campestre de Bucalemu, a 150 kilómetros de la capital, donde se encontraba. Un diario anticipaba ayer que si el ex militar es desaforado por la Corte Suprema, su estrategia será la de intentar demostrar su inocencia en los crímenes de los que es acusado, Pinochet rompería el silencio en el que se ha mantenido desde que regresó al país en marzo, después de permanecer 503 días bajo arresto en Londres, por petición de la justicia española. El matutino La Tercera sostuvo que el general, si es desaforado, daría una declaración para iniciar su defensa ante los cargos.

Las fuentes citadas por el diario indican que Pinochet se ha mantenido en silencio hasta ahora para no contradecir la línea de su defensa de apelar a los exámenes médicos y no politizar aún más un caso que estiman que sobrepasa el marco de lo judicial. Otros asesores del general, sin embargo, discrepan de esta idea o no la consideran todavía oportuna. Aunque los abogados de Pinochet han declarado que su cliente es inocente de los cargos que se le imputan, la línea de la defensa se ha centrado más en el debido proceso y la apelación a motivos de salud.

De los al menos 75 crímenes de prisioneros políticos izquierdistas que cometió la caravana de la muerte en octubre de 1973, en ciudades del norte y sur del país, un mes después del golpe de Estado, Pinochet sólo es acusado por 19 casos de secuestros calificados, de personas cuyos cuerpos no han aparecido hasta ahora. La caravana estaba dirigida por el general Sergio Arellano Stark -uno de los seis procesados en el caso por el juez Juan Guzmán-, que fue enviado como "oficial delegado" de la Junta Militar para supuestamente "acelerar" los procesos a los militantes detenidos del Gobierno socialista de Salvador Allende, que había sido depuesto por el golpe de Estado que encabezó Pinochet el 11 de septiembre de 1973.Sin embargo, la comitiva, que recorrió Chile en helicóptero y llegaba a las ciudades con poderes superiores a los oficiales de las provincias, elegía a determinados prisioneros y ordenaba su ejecución. En algunos casos, además, las víctimas fueron cruelmente mutiladas por sus captores. Según quedó de manifiesto en los alegatos por el caso, los oficiales que participaron en la caravana habían estado previamente en el asalto al palacio presidencial de La Moneda. Y después de participar en la caravana, fueron ascendidos y colocados en cargos de mayor responsabilidad.