Pinochet, acto final

Chile ha dado en los últimos tiempos dos pasos que, más allá de sus resultados concretos, abren un escenario nuevo en la defensa de los derechos humanos, violados sistemáticamente durante 17 años de dictadura. Los militares se han comprometido ante la sociedad chilena a entregar la información que obtengan sobre el paradero de los desaparecidos durante el régimen que presidió Augusto Pinochet. El general y dictador puede ser procesado los próximos días como autor-inductor de 53 homicidios y 19 casos de desaparición de personas si la Corte Suprema decide retirarle la inmunidad parlamentaria bajo la que se ampara por su condición de senador vitalicio. Los 20 jueces de la más alta instancia judicial de su país comienzan hoy a debatir el futuro judicial de Pinochet después de escuchar, la semana pasada, los alegatos de los abogados de las dos partes.Es poco probable que el ex dictador se siente en el banquillo, pero no sólo la justicia internacional, sino la de su propio país, que durante años ha estado maniatada o sometida a intensas presiones de los poderes fácticos, le ha declarado sospechoso.

La Corte de Apelaciones de Santiago votó a favor del desafuero, porque estima que "los antecedentes reunidos a estas alturas de las indagaciones hacen procedente por esta Corte la declaración de haber lugar a la formación de causa en relación al senador Pinochet". El juez Juan Guzmán instruye nada menos que 148 querellas criminales contra el general. La última fue presentada ayer mismo por la desaparición de 137 jóvenes.

Mientras, algunas voces piden el desafuero del general pero, a la vez, su "olvido". El obispo Jorge Hurton, destacado defensor de los derechos humanos, se declaró ayer partidario de la retirada de la inmunidad al ex general "y que luego sea olvidado para que muera tranquilo".

La Mesa de Diálogo patrocinada por el Gobierno de la Concertación, en la que durante 10 meses se han sentado representantes de las Fuerzas Armadas y de distintos sectores de la sociedad civil, incluidos algunos abogados de las víctimas de la dictadura, concluyó el pasado 12 de junio sus trabajos con un llamamiento público a entregar información sobre el paradero de los desaparecidos a cambio de mantener en secreto la fuente informante. El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, dijo la semana pasada que todas las unidades ya han recibido la orden de colaborar para difundir la información anónima que reciban sobre detenidos desaparecidos. Idénticas medidas han adoptado los Carabineros. La Iglesia católica y la Masonería han ofrecido garantías a todos aquellos que estén dispuestos a hablar.

¿Quién va a revelar un secreto guardado celosamente durante décadas? ¿Quién romperá el pacto de silencio no escrito que ha presidido la actitud de los responsables de las violaciones de los derechos humanos? Los familiares de las víctimas y sus representantes desconfían.

La Mesa de Diálogo ha dividido por primera vez al movimiento de derechos humanos chileno. La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ha interpuesto un recurso de protección contra el ministro de Defensa, Mario Fernández, en su calidad de presidente de la Mesa de Diálogo. Y el día que la Cámara de Diputados votó el proyecto de ley que establece la reserva de la identidad de quienes entreguen información sobre casos de desaparecidos hubo sonoras protestas e incidentes.

Un sector de los familiares, de los abogados y organizaciones de izquierda como el Partido Comunista consideran que el acuerdo de la Mesa de Diálogo sólo abre la puerta a la impunidad de los responsables de los crímenes "por la vía de impedir, en los casos de secuestro cometido por agentes del Estado, el acceso a exigir del Estado una investigación criminal, infringiendo de esta forma el Estado de Chile, a través de sus órganos colegisladores, las obligaciones que ha contraído al suscribir los tratados de derechos humanos".

"Las medidas propuestas no contemplan una investigación del crimen de desaparición forzada o secuestro, sino sólo un aspecto del mismo: la ubicación o destino del cuerpo de la víctima. Mucho menos contemplan la individualización de los responsables y su sanción", añade el recurso presentado contra la Mesa de Diálogo.

El Gobierno niega estas acusaciones y, en palabras del ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro García, el proyecto "no representa punto final, no significa ningún grado de impunidad, no interpreta la ley de amnistía y los tribunales seguirán aplicando con autonomía la legislación vigente".