La defensa de Pinochet niega su responsabilidad en asesinatos y secuestros

Durante una hora y media, el abogado defensor de Augusto Pinochet trató de demostrar ayer ante la Corte Suprema de Chile que el general no dio ninguna orden de ejecutar y secuestrar personas durante la dictadura y endosó la responsabilidad a la Junta de Gobierno, de la que era presidente, y a los jefes de unidades. "No hay antecedente alguno del proceso que permita afirmar que el general Pinochet haya ordenado secuestrar o matar a ciertas personas", aseguró.

El abogado de Pinochet, Ricardo Rivadeneira, realizó su exposición ante los 20 jueces del más alto tribunal que debe decidir si levanta la inmunidad parlamentaria del senador vitalicio, para procesarle por el delito de autor-inductor de 19 casos de desaparición de personas y 53 homicidios, en la operación conocida como caravana de la muerte, un mes después del golpe de Estado de 1973."No estaba investido de ninguna facultad jurisdiccional , la Junta de Gobierno las delegó en los comandantes de las distintas áreas", insistía el abogado Rivadeneira en sus esfuerzos para convencer a los magistrados de que el jefe de la caravana de la muerte, general Sergio Arellano, no actuó como delegado especial de Pinochet. Carmen Hertz, abogada querellante y viuda de una de las víctimas de la caravana de la muerte, dijo al término de la segunda sesión de la vista de la Corte Suprema sobre el desafuero del ex general: "Me parece lamentable que el abogado de Pinochet use dos tercios de su alegato para decir que su defendido no es secuestrador sino asesino, y como asesino no podría ser desaforado sino amnistiado ". Y agregó: "Aquí lo que está en tela de juicio es hacia dónde va la sociedad chilena, hacia la impunidad o la justicia".

"El jefe supremo"

El también abogado querellante Eduardo Contreras habló a continuación de Rivadeneira, a quien replicó: "No habla muy bien del valiente soldado. Pinochet era el jefe supremo, manejaba la voluntad de las personas. Acuérdense cuando decía aquí no se mueve una hoja sin que yo lo sepa".La cuestión de los exámenes médicos, reclamados por la defensa para demostrar que Pinochet no puede ser procesado por razones de salud, no fue abordada en la sesión de ayer después de que la Corte Suprema rechazara por unanimidad realizar dichas pruebas antes de comenzar los alegatos.

Entre los invitados a la vista había numerosas caras conocidas de ámbitos políticos bien distintos. Por una parte, militares retirados y connotados pinochetistas como el ex vicecomandante general del Ejército Guillermo Garín, el ex auditor general Fernando Torres Silva o el alcalde del distrito de Providencia (Santiago) y coronel en retiro Christián Labbé. En otro sector de la sala, los dirigentes socialistas Isabel Allende (hija del presidente derrocado) y Juan Pablo Letelier (hijo del canciller asesinado por la DINA, la policía pólítica) y el veterano líder comunista Volodia Teitelboim. El uruguayo Alejandro Artucio, de Amnistía Internacional, es el único observador extranjero destacado en la vista.

En la calle, bajo un cielo gris y una lluvia suave, un puñado de seguidores y detractores del ex dictador separados por un contingente policial se desgañitaban por hacer oír viejas consignas frente al palacio de los tribunales. No hay duda de que el caso Pinochet ha perdido interés en Chile y en el mundo. Basta ver la escasa presencia de periodistas extranjeros. Paradójicamente, cuando más próxima está la decisión final que permitirá conocer el futuro judicial del anciano general, es más bajo el interés de los ciudadanos por un caso que ha terminado por agotar, un año y nueve meses después de su detención en Londres.