Los arroceros auguran el final de sus cultivos con la reforma de la UE

Los 4.000 productores catalanes de arroz iniciaron ayer en Deltebre (Baix Ebre) su estrategia para impedir la entrada en vigor, dentro de un año, de la reforma de la organización común del mercado del sector que prevé la Unión Europea (UE). Esta reforma tiene una de sus claves en la eliminación del actual precio mínimo de venta, llamado precio de intervención, lo que provocaría irremediablemente una caída en picado de los precios ante la competencia de países cuyos costes de producción y mano de obra están muy por debajo de los españoles. Los agricultores recelan de que una subida de aranceles reoriente la crítica situación que prevén. Alrededor de un millar de manifestantes demostraron ayer no estar dispuestos a aceptar la propuesta aprobada el 7 de junio por la Comisión Europea, puesto que auguran que con ella desaparecerá un cultivo que ocupa 22.000 hectareas en el delta del Ebro. Ésta es la principal zona arrocera de Cataluña, con una producción de 130 millones de kilos al año.

La UE ha previsto como compensación un incremento de las ayudas, que pasarán de 54 a 63 euros por tonelada; pero los arroceros no se conforman con un aumento que se traduce en dos pesetas por kilo, insuficiente para compensar la previsible caída de precios. Además, según explicó el vicepresidente de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña, Agustí Castells, "no hay que olvidar que Europa reduce la superficie máxima garantizada de cultivo de 105.000 a 80.000 hectáreas, de forma que la producción se ve penalizada en 19.000 pesetas por tonelada, lo cual no se equilibra con las 11.000 pesetas del pago compensatorio".

Joan Cercos, responsable del sector del arroz de la federación de cooperativas en España, instó a todas las administraciones "a tomar cartas en un asunto que debe convertirse en problema de Estado". En el manifiesto leído durante el acto de protesta los agricultores reclaman que no se elimine el actual precio de intervención y que se establezca un importe de ayuda a los productores suficiente para mantener las rentas.