Pinochet, acusado ante el tribunal de apelaciones de Chile de ser el autor de la 'Caravana de la muerte'

Cinco de los abogados querellantes contra el exdictador chileno Augusto Pinochet acusaron ayer ante el pleno de los 22 magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago al general de ser el autor intelectual de los crímenes de la Caravana de la muerte, una comitiva militar que asesinó a 75 prisioneros políticos, y pidieron que le sea retirado el fuero que le ampara como senador vitalicio para que sea procesado por estos delitos. Por primera vez desde el golpe de Estado de septiembre de 1973, Pinochet recibe acusaciones de este calibre en un Palacio de Justicia de Chile.

Abrió el fuego contra Pinochet, con serenidad, la abogada Carmen Hertz, recordando como su marido, el periodista Carlos Berger, fue detenido después del golpe militar para ser después sacado de la cárcel el 16 de octubre de 1973 por los miembros de la comitiva que envió Augusto Pinochet a recorrer el país, nombrando como el oficial delegado a cargo de ésta al general Sergio Arellano. Berger fue asesinado y su cuerpo fue desmembrado por los militares. Su viuda pidió ayer el desafuero de Pinochet y su procesamiento por el secuestro del periodista, cuyo cuerpo hasta hoy no ha aparecido, al igual que los otros 13 prisioneros de la ciudad de Calama.Con igual vigor prosiguieron después otros cuatro abogados querellantes, dividiendo sus argumentos. Alfonso Insunza apuntó a que Pinochet es autor e inductor de los crímenes, mientras Eduardo Contreras recordó a la Corte la jurisprudencia que sienta los juicios de Nuremberg y recordó la legislación internacional que castiga estos crímenes. Hiram Villagra enfatizó en que las razones de salud no son eximentes ante la justicia chilena y Boris Paredes, quien culminó las exposiciones, fue categórico, recordando que los dos únicos autores de los crímenes cuyos nombres son imprescindibles para entender estos delitos son Arellano y Pinochet.

La responsabilidad fue del mando, argumentó Paredes. Pinochet y Arellano eran los superiores jerárquicos. "No importan los fusileros, los que importan son quienes dieron las órdenes". La vinculación criminal de Pinochet y Arellano queda demostrada, enfatizaron todos los juristas, en que el primero nombró al segundo como oficial delegado de la comitiva militar. Además, una vez enterado de los delitos, Pinochet no ordenó investigarlos como era su obligación legal y, por último, ascendió a todos los miembros de la Caravana, dándoles puestos de responsabilidad en la DINA, el mayor aparato represivo de la dictadura.

Por la mañana y sumándose a la preocupación que expresó el Ejército en privado al Presidente Ricardo Lagos, el jefe de la Armada, almirante Jorge Arancibia planteó públicamente que existe preocupación en su institución por el proceso a Pinochet. La inquietud militar apunta especialmente a la actuación del Consejo de Defensa del Estado (fiscalía) quien se hizo parte de la petición de desafuero de Pinochet y cuya presidenta, Clara Szczaranski, que fue exiliada durante la dictadura, expondrá hoy ante la Corte de Apelaciones, y a la necesidad de que el general tenga un "proceso justo". A su vez, el jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, pidió "prudencia", recordando que lo que tenía que decir al respecto, ya se lo informó al Presidente.

Llamadas a la tranquilidad

El ministro del Interior, José Miguel Insulza, quitó relieve a las palabras del almirante y replicó considerando "natural" la preocupación en un tema en el que es difícil "pedir indiferencia", y que lo relevante es que se respeten las atribuciones de la justicia. En el mismo sentido, el portavoz del Gobierno, ministro Claudio Huepe, llamó ayer a tomar con tranquilidad el proceso de desafuero y afirmó que los incidentes en las cercanías de los tribunales demuestran que Pinochet todavía causa divisiones en la sociedad chilena.

Entretanto, el juez Juan Guzmán, quien investiga las 93 querellas presentadas contra Pinochet, se encuentra en Arica, dos mil kilómetros al norte de Santiago, indagando el paradero de dos detenidos desaparecidos. Y en Valdivia, 800 kilómetros al sur de la capital, por orden de Guzmán, la policía civil busca las huellas de la Caravana de la muerte en los asesinatos de otros doce prisioneros políticos cometidos en 1973.

Después que los jueces de este tribunal, por una amplia mayoría de 16 votos contra 6 rechazaran el miércoles la petición de la defensa de Pinochet para que se le practicaran exámenes médicos previos, lo que cuando menos habría postergado, o si su resultado indicaba que el general padece de locura o demencia total evitado para siempre los alegatos que comenzaron ayer, los querellantes sienten que paulatinamente el muro protector del ex dictador se está desmoronando