Los laboratorios logran respaldo legal a su negativa a pagar 16.000 millones a Sanidad José Manuel Romay contabilizó la deuda de la industria en el gasto farmacéutico de 1999

La industria farmacéutica pactó con el Ministerio de Sanidad pagar en 1998 y 1999 65.000 millones de pesetas para aminorar la gruesa factura farmacéutica pública. Quedan por pagar 16.000 millones que los laboratorios han bloqueado por haber denunciado hace meses dicho pacto. Tres sentencias de la Audiencia Nacional han dado la razón, en parte, a la industria. Mientras no se resuelva el contencioso no se puede exigir el dinero. El ministro de Sanidad contabilizó, sin embargo, esta deuda en el gasto de 1999 para demostrar que había cumplido sus objetivos.

El gasto farmacéutico de la sanidad pública española se elevó en 1999 a 1,041 billones de pesetas, un 9,95% más que en el año precedente. Este dato, que se conoció el 20 de enero pasado, originó una nota oficial del Ministerio de Sanidad alegando que el aumento era, como estaba previsto, de un 8%, dado que a dicha cifra se tenía que deducir "la aportación de 18.417 millones de pesetas que efectúa la industria farmacéutica".Este dinero, sin embargo, no sólo no ha llegado a las arcas del Estado, sino que tres sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han fallado en contra de las exigencias que viene ejerciendo la Tesorería de la Seguridad Social sobre los laboratorios para cobrarlo. Para el asesor jurídico de Farmaindustria, Santiago Muñoz Machado, tales sentencias "establecen una doctrina definitiva suspendiendo el cobro ejecutivo hasta que se produzcan sentencias firmes".

Farmaindustria denunció el pacto firmado con el Ministerio de Sanidad el 22 de enero de 1998 a mediados del pasado año y bloqueó el dinero que aún debía -18.417 millones entonces, que ahora son 16.000-. Lo hizo por entender que ese departamento había incumplido su compromiso de percibir ese dinero a cambio de mantener los precios de los medicamentos estables. En junio pasado aprobó el decreto de precios de referencia, que obligará en un futuro a financiar sólo la medicina más barata de las existentes en el mercado para una patología, y en julio aprobó otro decreto que rebajaba los precios en una media del 6%.

Estos cambios, según la industria, le ocasionaban unas pérdidas (de casi 5.000 millones) que obligaban a revisar el pacto. Sanidad hizo caso omiso y los laboratorios empezaron a recurrir todas las liquidaciones. Éstas las venía pagando cada uno de ellos trimestralmente.

A la espera de la correspondiente sentencia sobre el fondo de la cuestión, la Seguridad Social, sin embargo, ha seguido intentando cobrar ejecutivamente el dinero adeudado utilizando la vía de apremio, con recargo del 20% de mora.

En las tres sentencias conseguidas hasta ahora, y que no son recurribles, la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional deniega, sin embargo, a la industria farmacéutica la suspensión cautelar del acuerdo de enero de 1998, si bien añade que esta cuestión no es admisible de ser prejuzgada "en esta pieza" porque el asunto debe resolverse en otra sentencia.

Como aclara Muñoz Machado, esta cuestión no se había presentado en las apelaciones ahora ganadas. "Lo que esto supone no es que la industria no vaya a pagar, sino que los jueces nos dan la razón en el sentido de que no se nos puede seguir cobrando hasta que no haya sentencias firmes que dictaminen sobre las cantidades a pagar y el modo de hacerlo. Lo que es evidente es que ese dinero ya no puede adjudicarse a las cuentas públicas de 1999".

El Ministerio de Sanidad no ha querido pronunciarse sobre este particular, dado que es la Tesorería de la Seguridad Social, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la que se encarga de este tipo de cobros. Tampoco en la Tesorería de la Seguridad Social, sin embargo, dieron respuesta sobre este asunto. Advertido el Ministerio de Trabajo sobre la interpretación que Farmaindustria hace de las tres sentencias, los servicios jurídicos de ese departamento no ofrecieron su versión, a pesar de las reiteradas llamadas de este periódico.

El pacto con Farmaindustria y los decretos que han irritado a sus socios son medidas todas ellas tendentes a intentar reducir una factura farmacéutica desbocada que supone el 23% de todo el gasto sanitario público español; el porcentaje más alto del mundo.

Ninguna de las mencionadas medidas, sin embargo, parece haber sido suficiente para lograr un menor crecimiento de dicha factura, que tanto en 1998 como en 1999 rondó el 10% de aumento. De tales medidas, sólo el decreto de precios de referencia no ha entrado aún en vigor. Éste, aprobado en junio pasado, requiere todavía de un reglamento que aún no se ha aprobado. Éste podría ser el definitivo impulso de los medicamentos genéricos, fármacos cuyo principio activo ha perdido la patente y, por tanto, pueden venderse más baratos.