Ocho años de investigación y ningún agente causal V. MAROTO, Valencia

La ya tradicional lentitud de la Justicia, la indeterminación científica de la enfermedad y los constantes recursos interpuestos por las defensas de algunos de los procesados han impedido que el Juzgado de Instrucción número 3 de Alcoy cierre, tras una investigación que ya dura ocho años, el caso Ardystil. "En este octavo año del síndrome Ardystil, creemos haberlo dicho todo, haberlo escrito todo y también haberlo reivindicado todo", clamaba el pasado 14 de febrero, presa del desánimo, la comisión de afectados.No es para menos. El 14 de febrero de 1992 fallecía Isabel Miró, una joven de 28 años natural de Cocentaina que trabajó en Ardystil, una modesta industria textil radicada en ese pequeña localidad del interior de Alicante. Miró fue la primera de las seis víctimas del síndrome, que también alcanza a un centenar de afectados. Todos ellos tienen otras tres cosas en común: su área de residencia (L' Alcoià, una comarca industrial); su desdichado paso por empresas del ramo textil de la zona y su desconfianza hacia la administración de Justicia.

El caso Ardystil nació en 1992, con la muerte de Miró y la detección de los graves problemas de salud que estaban sufriendo los trabajadores de hasta seis industrias que estampaban las prendas que facturaban mediante la aerografía. Desde entonces, los tres titulares que han desfilado por ese juzgado no han podido cerrar el asunto, de gran complejidad por varias razones.

La dificultad de concretar el agente causal del síndrome es, tal vez, la principal de ellas. Ni los expertos de la Generalitat Valenciana ni los especialistas del instituto estadounidense consultado han sido capaces de determinar el factor desencadenante del síndrome, una tarea que ha lastrado la investigación desde el inicio del procedimiento. Además, la gran cantidad de afectados por la enfermedad y, de igual manera, el importante número de supuestos responsables de la misma (casi 30 imputados han declarado desde el inicio de la instrucción) han dilatado la resolución del caso, cuyo juicio ni siquiera ha sido fijado.

A pesar de ello, el fiscal adscrito al caso, Ricard Cabedo, ya elevó al juzgado en mayo de 1998 su petición de penas: entre seis meses y seis años de prisión para los responsables de las seis empresas en las que se detectó la enfermedad. Además, pidió que las tres multinacionales del sector químico que suministraban los productos con los que trabajaron los afectados asuman la posible responsabilidad civil subsidiaria derivada del caso. El juez tardó un año más (no lo hizo hasta mayo de 1999) en decretar la apertura del juicio, pero este aún parece lejano. Las defensas de los encausados han recurrido reiteradamente el definitivo procesamiento de sus clientes, a estas alturas, aún en el aire a falta de la resolución de las apelaciones.