Philip Morris acepta nuevas limitaciones en la venta de tabaco
Por primera vez, el principal fabricante mundial de tabaco se ha mostrado dispuesto a negociar una serie de regulaciones que permitan al Gobierno de EEUU ejercer mayor control sobre la comercialización de cigarrillos. En lo que se interpreta como un cambio de política y de imagen, Philip Morris acepta ahora una negociación a la que se había negado en los últimos años. La postura de este fabricante puede arrastrar al resto de la industria y facilitar una nueva legislación, más estricta, sobre la composición y venta de tabaco. El vicepresidente de Philip Morris, Steven Parrish, ha revelado que en los últimos días ha habido varias reuniones políticas en las que ha expresado "la voluntad de la compañía de abrir un diálogo para buscar un marco regulador adecuado". Según Parrish, Philip Morris (fabricante de Marlboro, Benson & Hedges y otras 16 marcas), está dispuesta a aceptar nuevas regulaciones en todo lo referente a comercialización y consumo por parte de los fumadores más jóvenes, investigación sobre productos menos nocivos y publicación de datos internos. El lobby de las tabacaleras en Washington -apoyadas mayormente en el lado republicano- ha bloqueado sistemáticamente las iniciativas legisladoras de los últimos años.
Clinton, favorable
Bill Clinton se mostró "animado" por lo que considera "un paso adelante". Clinton recordó que fue la propia industria con sus apoyos en la mayoría republicana del congreso la que bloqueó la legislación propuesta por el Gobierno. "Cada día", recordó Clinton, "3.000 jóvenes fuman por primera vez y 1.000 personas mueren por culpa del tabaco. Nuestro deber es hacer todo lo que podamos por salvar y prolongar sus vidas mediante la protección de los jóvenes frente al tabaco", dijo el presidente.
Hasta ahora, la industria del tabaco había aceptado ciertas regulaciones que afectaban especialmente a las prácticas publicitarias en la comercialización del tabaco, pero esa concesión sólo se hizo a cambio de pactar el acuerdo extrajudicial que puso fin a las demandas de los Estados por los gastos sanitarios que genera el tabaquismo.
En 1995, la FDA (el organismo gubernamental que regula los alimentos y los medicamentos) se declaró competente en la reglamentación del tabaco, aunque anunció que su intención no era juzgar los peligros del consumo ni fomentar prohibiciones, sino trabajar en la reducción del consumo entre los más jóvenes.
Esta iniciativa asumía que el tabaco es una droga, una aseveración que quedó doblemente bloqueada: por un lado, la industria logró que sus contactos políticos en el Senado frenasen la propuesta legislativa; por otro, consiguieron una victoria en los tribunales cuando se anuló la decisión de la FDA, aunque el Departamento de Justicia ha llevado un recurso ante el Tribunal Supremo todavía pendiente de resolución.
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