Consumidores cautivos y contaminación libre

El pacto electoral suscrito entre el PSOE e IU contrae seis compromisos en lo que a energía se refiere: favorecer la competencia en beneficio de los consumidores; analizar las consecuencias de las privatizaciones (también en energía) realizadas por el PP; rebajar las tarifas eléctricas; fomentar las renovables; sustituir, sin plazo, la nuclear, y cerrar, este año, las centrales nucleares de Zorita (en Guadalajara), y Garoña (en Burgos).Esta última oferta, la más polémica, traslada iniciativas similares de países como Alemania en los que los ecologistas han entrado de lleno en la participación política. Cuenta con el rechazo explícito del sector y del PP. El PSOE defiende el cierre de estas dos, las más antiguas, como una "opción política que responde al rechazo social a los residuos radiactivos". El PSOE mantiene que "no es defendible dejar esta carga a generaciones futuras cuando se puede sustituir por otras formas de energía".

Los defensores de las nucleares no ven fácil tal sustitución. Argumentan con datos que Zorita y Garoña producen el 2% de la energía eléctrica en España, cuando todas las renovables aportan el 4% de esa tarta y la mitad (el equivalente a Zorita y Garoña) es de origen hidráulico: depende de que llueva. Dicen que ninguna de las dos ha concluido sus 40 años de vida útil: Zorita arrancó en 1968 y Garoña en 1971. Que sólo Garoña genera tanta energía como todas las eólicas juntas. Que no emiten gases de efecto invernadero. Que permiten reducir la dependencia del petróleo, que no para de subir. Que, de cerrarlas, el pagano sería el consumidor, como lo fue en la moratoria nuclear de los ochenta. Que su seguridad está controlada por el Consejo de Seguridad Nuclear y no hay ningún organismo, ni nacional ni internacional, similar que vigile otras formas de energía: por ejemplo, que prevenga y castigue los accidentes en todos los Erika que surcan los mares. Y que las nucleares producen energía barata.

La Organización de Consumidores y Usuarios advierte de que barata no es. La producción del kilovatio-hora sí ronda las seis pesetas de media, pero esto no incluye el coste de gestión y almacenamiento de residuos, que gestiona la empresa pública Enresa (nadie ha pensado en privatizarla) y que paga directamente el consumidor en la factura de la luz, incluso aquel más ferviente militante anti-nucleares. Internalizar esos costes las haría perder competitividad.

Claro que tampoco se internaliza como un coste la contaminación y la emisión de gases de efecto invernadero de la producción de energía, sea o no eléctrica, con hidrocarburos y carbón. Los defensores del gas argumentan que es la más limpia y barata. Y sí, generar electricidad en centrales de ciclo combinado produce la mitad de CO2 que en térmicas de carbón y algo más de la mitad que en las de fuel-oil. También es barata y lo sería más, según la OCU, si el gas no fuera un monopolio. Pero las únicas que no contaminan son las renovables.

En el fomento de las renovables todos los grupos están de acuerdo. Al PP le gustan tanto que en diciembre adoptó dos medidas: rebajar las primas y subvenciones que las apoyan y dar luz verde a un plan del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético) que propone que las renovables lleguen al 12% de la tarta energética en 2010. Ese plan, que los ecologistas y la asociación de productores de renovables califican de "clandestino", aún no ha sido presentado públicamente. Les han dicho que está a la espera de que Aznar tenga un hueco en su agenda y lo presente como propio. Y el ahorro, que es otra de las proclamas políticas con escasas medidas detrás, tuvo su mejor momento en las crisis del petróleo de los setenta; quizá ahora, con el crudo rondando los 30 dólares, reciba un nuevo empuje.

La competencia y la liberalización son los otros dos elementos a debate. En el PP también en eso van "a más" al poner sus privatizaciones como ejemplo liberalizador. Un ejemplo que Joaquín Almunia califica de "privatización oligopolística", que "ha consolidado el monopolio del gas", "ha reducido las 10 empresas del sector eléctrico a 2, que controlan más del 80%" del mercado "y que han recibido del Gobierno conservador un suculento regalo billonario", el célebre billón de Costes de Transición a la Competencia (CTC) para cuando ésta se produzca. "Las víctimas", según Almunia, "han sido los ciudadanos, que han pagado más de lo que debieran por estos servicios". como ejemplo, recuerdan que el precio de la bombona de butano también ha ido "a más" tras la liberalización.