El Gobierno da marcha atrás a los cambios más polémicos que impuso en la selectividad

A menos de cuatro meses para la selectivadad, el Gobierno ha dado marcha atrás en su intento de reformar la prueba. El Ministerio de Educación se ha comprometido por escrito a aprobar una norma que deje sin aplicar los cambios más discutidos en el examen de acceso a la Universidad, aprobados en octubre. La citada norma -probablemente un real decreto- tendrá efecto en la convocatoria de junio, en la que los alumnos volverán a tener, por ejemplo, la posibilidad de elegir entre dos exámenes en los ejercicios de lengua e historia.

A sólo unos pasos de la meta, el Gobierno ha pinchado rueda con la anunciada reforma de la selectividad y al final no podrá incluirla entre sus logros de la legislatura. El temor a que ante el desconcierto general cada comunidad autónoma organizase una prueba diferente, con el consiguiente agravio comparativo entre alumnos de diferentes territorios, ha forzado al ejecutivo a dar marcha atrás en lo sustancial de los cambios aprobados hace sólo cuatro meses.La confusión mostrada por universidades y consejerías de Educación autonómicas, algunas de las cuales aún no han formado sus comisiones de selectividad porque estaban "a la espera de acontecimientos", ha pesado más que el afán del ministerio por mantener un decreto que desde su aparición mereció los calificativos de "precipitado", "inconcreto", "atropellado" e "inconstitucional" por parte de distintos consejeros de Educación, sindicatos y oposición.

El Gobierno no ha decidido todavía si modificará el real decreto de octubre mediante una orden ministerial o mediante otro real decreto (la segunda opción parece más probable, por ser necesaria para introducir cambios en un decreto anterior, aunque el ministerio insiste en que se trata de "aclaraciones" y no de cambios). Lo que sí tiene claro es que la modificación llegará a tiempo para la prueba de selectividad del próximo junio, una posibilidad que el secretario de Estado de Universidades, Jorge Fernández Díaz, consideraba "innecesaria" hace unas semanas.

La decisión del ministerio, en línea con lo que muchas comunidades habían decidido ya hacer por su cuenta, supone olvidar algunos de los cambios más significativos introducidos en la prueba de selectividad y dejar las cosas como estaban en años anteriores.

La primera reacción al compromiso ministerial, firmado por el secretario general de Educación, Roberto Mur, ha sido la desconvocatoria de la huelga convocada para el próximo 2 de marzo por el Sindicato de Estudiantes (SE). El SE logró el pasado 9 de febrero que miles de alumnos de Bachillerato de toda España se concentraran en las calles contra la reforma. El secretario general del SE, Juan Manuel Municio, dijo ayer que "hemos ganado con el retroceso del ministerio, han tenido que reconocer que la circular no valía".

El desconcierto provocado por el texto que modificaba la prueba de selectividad llevó en un primer momento a varias universidades y comunidades autónomas a pedir al ministerio que aplazase su entrada en vigor hasta el próximo curso. Entre otros motivos, porque algunos de los cambios eran imposibles de aplicar con el curso iniciado sin perjudicar a los alumnos. El ministerio prefirió remitir a universidades y comunidades una circular autorizándolas a no aplicar los dos aspectos más polémicos del decreto: la eliminación de la doble opcionalidad en los ejercicios de lengua e historia y el aumento de cuatro a cinco asignaturas obligatorias para los alumnos que quisieran presentarse a dos vías de acceso a la Universidad. Lejos de aclarar dudas, la circular sembró definitivamente el caos.

El remate lo puso el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, quien anunció que presentaría un recurso de inconstitucionaldad al decreto "por invasión de competencias".