"Enrique López no está en nuestro poder"

Todos los indicios apuntan a que el español Enrique López Franjo, de 67 años, está en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde el 11 de febrero de 1999, cuando fue secuestrado en Barquisimeto (Venezuela). Pero ayer, fuentes cercanas al Secretariado de las FARC -máximo órgano de dirección de la guerrilla- aseguraron a este periódico que los responsables de sus frentes -"y nuestra gente en Venezuela"- aseguran no tener en su poder a López Franjo. Así se lo hacen saber a su familia, a la que también prometen "toda la colaboración posible".En Colombia, los secuestros y violaciones del derecho internacional humanitario (DIH) -el aplicable en tiempos de guerra- son la norma. Por ello, las ONG están irritadas con la Comisión Exploratoria de la Mesa de Negociación, que no les ha reservado un hueco en su agenda española. Amnistía Internacional ha publicado una carta abierta a la comisión en la que pide "a todas las partes que se comprometan a respetar sin demora el DIH y garanticen la vida, libertad y seguridad de la población civil". A la guerrilla le atribuye "graves violaciones del DIH, como secuestros masivos u homicidios arbitrarios de civiles". Y recuerda al Estado "que los grupos paramilitares siguen actuando con la complicidad de las Fuerzas Armadas".

Mientras, los países de la Unión Europea (UE) mantienen serias diferencias sobre el llamado Plan Colombia, para el cual las autoridades de Bogotá solicitan a la comunidad internacional un apoyo económico de 3.500 millones de dólares (590.000 millones de pesetas), según reconocieron ayer fuentes comunitarias en Vilamoura (Portugal), donde se celebra la cumbre de la UE con los países de América Latina, informa Javier García.

Las fuentes sostienen que hay diferencias de criterio sobre cómo abordar la negociación política con las guerrillas y, especialmente, sobre la lucha contra el narcotráfico y la sustitución de cultivos de coca. El conflicto podría resolverse durante la mesa de donantes de Madrid, que se celebrará en junio.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento de Colombia asegura que el plan de erradicación de cultivos de coca puede expulsar de sus comunidades a 150.000 civiles.