Straw, obligado a dar el informe médico España, Francia, Suiza y Bélgica tienen siete días para presentar alegaciones sobre el estado de Augusto Pinochet

ENVIADO ESPECIALLos tres jueces del tribunal divisional (Divisional Court) del Reino Unido resolvieron ayer por unanimidad que el ministro británico del Interior, Jack Straw, actuó de manera ilegal al denegar la entrega del informe médico con el que piensa liberar al general Augusto Pinochet a los cuatro países que piden la extradición del ex dictador. Los jueces ordenaron la entrega del informe, bajo confidencialidad, a España, Bélgica, Francia y Suiza, para que puedan alegar sobre su contenido en un plazo de siete días, que vence el martes 22 de febrero, a las cinco de la tarde. Jonathan Sumption, abogado del Ministerio británico del Interior, dijo al tribunal que las autoridades españolas deben entregar el informe al juez Baltasar Garzón.

Los abogados de todas las partes (Bélgica, Amnistía Internacional, Ministerio británico del Interior y de Augusto Pinochet) entraron a la sala número 3, en la primera planta del edificio gótico del Alto Tribunal de Justicia, poco antes de la una de la tarde (14.00 horas en Madrid), junto con sus clientes o representantes de los mismos. En los estrados de la izquierda de la sala, frente al tribunal, tomaron asiento los letrados de los recurrentes y a la derecha los abogados del Ministerio del Interior y del general Pinochet.Desde el vestíbulo, donde se agolpaban público y periodistas, sólo se podía ver a través de una ventana situada a la derecha. Por tanto, la vista llegaba tan lejos como para ver a los letrados y representantes de Pinochet. Tras unos minutos, Hernán Felipe Errázuriz, abogado y representante de Pinochet, agachó la cabeza sobre la sentencia (tres veredictos que suman 52 folios).

Sus colegas británicos, los barristers (abogados de nivel que exponen los casos) Clive Nicholls y Julian Knowles, con peluca, y Michael Caplan, abogado de a pie, se pusieron a leer. En cierto momento, Errázuriz, con rostro muy serio, se puso de pie y consultó con Knowles, cuyo rostro se veía tan enrojecido como rígido. Errazuriz se acercó luego a Nicholls. Algo parecía no ir bien.

Antes de dar las dos de la tarde, el ujier abrió la puerta para dejar entrar a los medios de comunicación y al público. Una vez en la sala, todo se hizo evidente. Los letrados de Bélgica y Amnistía Internacional, lucían una sonrisa de oreja a oreja. Jonathan Sumption, abogado contratado por el Ministerio del Interior, tenía la peluca entre las manos, a la espera de los jueces. Entre las sonrisas de los abogados rivales y el rostro lánguido de Sumption, se recortaba, detrás, la crispación de Errázuriz, quien más reflejaba la derrota.

A las dos, cuando todo el mundo ya estaba en su sitio, hizo su entrada un barrister con su toga y peluca. Llevaba unas gruesas carpetas. Era el hombre, Alun Jones, que había logrado para España la sentencia de extradición de Pinochet el 8 de octubre de 1999, aquel que, a petición del Gobierno español, recomendó el 20 de enero pasado, en un informe urgente, recurrir la decisión de Jack Straw. Estaba allí para participar, una vez que terminase la lectura, de una vista sobre el recurso de habeas corpus que la defensa de Pinochet proponía aplazar. Los mismos tres jueces del tribunal abordarían el asunto tras la sentencia.

El juez Brown, presidente del tribunal, entró junto con los jueces Latham y Dyson. Explicó que a su juicio, después de escuchar los "argumentos sólidos" de ambas partes, el ministro Straw "no está meramente habilitado para entregar el informe médico; está obligado a hacerlo". Según dijo, "la justicia exige que el informe sea entregado a los cuatro Estados que solicitaron la extradición para que tengan una pequeña oportunidad de comentarlo". Brown añadió que se les debe dar siete días para alegar sobre el contenido del informe.

El presidente recordó que el juez Baltasar Garzón, en sus alegaciones, había descrito la situación creada por la petición de opinión como "algo absurdo", y citó todo el párrafo de su escrito. Y atacó el punto más utilizado por el abogado del Ministerio del Interior: "Veo el recurso planteado ni más débil ni más sólido que cualquier recurso que hubiese presentado España". Brown recordó la necesidad de que este caso tenga la máxima transparencia. "La consecuencia es que el senador Pinochet, acusado de los más terribles crímenes, no podrá ser juzgado en ninguna parte del mundo... No es, simplemente, satisfactorio que el informe solo pueda ser visto por cuatro altos cargos de un solo Estado". Los jueces Latham y Dyson leyeron sus propios veredictos, en acuerdo con Brown, tan duros o más con Straw que el del presidente del tribunal. Se acordó que las costas del juicio de Bélgica y Amnistía Internacional (y del anterior, ante el juez Maurice Kay) las pagará el Ministerio británico del Interior ( unos 25 millones de pesetas). A continuación, el abogado Sumption dijo que el ministro Straw iba a enviar durante la tarde (por ayer) el informe a los cuatro países y que no quería utilizar la confidencialidad para entorpecer las alegaciones que pudieran hacer. Agregó que las "autoridades administrativas de España deben entregar el informe al juez Garzón".

Jurisprudencia

La sentencia contra Straw se apoya en la jurisprudencia y no implica, por tanto, "revolucionar" la ley, como les había advertido el abogado del Ministerio del Interior a los jueces la semana pasada. El poder del ministro en el proceso de extradición ha sido, según la sentencia, utilizado incorrectamente, a favor de Pinochet, y sin tener en cuenta la justicia hacia la otra parte: los Estados que piden la extradición.

El juez Garzón, tras recibir el informe médico, declaró ayer el secreto del sumario. El informe tendrá que ser traducido rapidamente para poder solicitar un peritaje a médicos forenses. Luego, el juez, sobre la base del peritaje, tendrá que enviar sus alegaciones a Jack Straw. Si el informe médico británico es considerado "inequívoco", como asegura Straw, el juez tendrá que aceptar que Pinochet está incapacitado para someterse a juicio. Pero si los expertos españoles tienen diferencias, Garzón exigirá que sea la justicia española quien decida, en Madrid, el asunto.

Los argumentos de Brown

Resumen de la argumentación del juez Simon Brown:

"No es éste un caso fácil. Hay argumentos potentes en ambos lados. En última instancia, hay una única cuestión que tenemos que decidir: ¿requiere el interés de la justicia entregar este informe a los países que piden la extradición del senador Pinochet? A pesar de los argumentos del abogado Sumption, en representación del Ministerio [británico] del Interior, me inclino a concluir que este informe debe (...) ser entregado a los citados países. La decisión que el ministro del Interior 'tiene pensado' adoptar es, no es necesario enfatizarlo, de una gran importancia. Su consecuencia será que el senador Pinochet, acusado de los más terribles crímenes, no será sometido a juicio en ninguna parte del mundo. No será extraditado a España. Ni a los otros tres países.

Aunque teóricamente el abogado del Estado en el Reino Unido y el director de la Fiscalía necesitarán alcanzar una decisión independiente sobre si es posible acusarle según la Convención contra la Tortura, artículo 7, la lógica (...) del ministro es que ambos encontrarán (...) al senador Pinochet incapacitado para ser sometido a juicio. Aunque, por supuesto, las autoridades de Chile no están obligadas por la conclusión del ministro del Interior, es previsible que el senador Pinochet la utilice en su ayuda con un efecto convincente en cualquiera de los procedimientos que se planteen contra él allí. Si ha habido alguna vez un caso en el se necesita demostrar la integridad del sistema internacional de justicia, en el que se requiera de los más elevados niveles de justicia, imparcialidad y transparencia, éste lo es. (...) no es satisfactorio que este importante informe médico sea visto solamente por cuatro altos cargos de un mismo Estado.

Mucho se ganaría por la limitada entrega del informe que se está pidiendo; comparativamente, se perdería poco. Las ventajas serían primero, y más importante, que los cuatro Estados que piden la extradición tengan la oportunidad de comentar -y puede que tengan algo constructivo que decir- sobre las conclusiones del informe médico. Segundo, se verá que se está haciendo justicia. Tercero, las mentes de la gente podrán descansar. Si como el ministro claramente supone aquellos que vean el informe seguramente apoyarán su conclusión, se puede esperar que esta validación supondrá seguridades para todos. Se logrará más que mera cortesía (o 'buenas relaciones públicas', como decía Sumption): un caso de controversias único será resuelto con los procedimientos más justos. ¿Y qué se perderá? Poco en materia de retraso, aún en esta fase final. Como hemos indicado, el ministro necesitará dar a los cuatro Estados no más de siete días después de entregarles el informe para hacer sus comentarios finales sobre el mismo.

En el aspecto central que se plantea en esta revisión judicial, rechazo los argumentos del ministro en el sentido de que dar a los cuatro Estados la oportunidad de comentar el informe carece de sentido, y rechazo también su argumento, y el de Pinochet, de que la pérdida de confidencialidad (...) implicada es desproporcionada respecto de las ventajas que tendrá. Como resultado, el ministro no está sólo habilitado para entregar el informe; está obligado a hacerlo. El interés que aquí gobierno es público en el sentido de operar un procedimiento que será percibido por una gran mayoría como justo. Esto es lo imperativo y a mi juicio sobrepasa cualquier interés privado. Esta es, por tanto, la orden que yo doy. Veo el recurso planteado ni más débil ni más sólido que el que podría haber planteado España. No más débil, porque una vez que se ha aceptado su capacidad para recurrir, el tribunal debe decidir sobre el fondo de la cuestión planteada -la justicia e imparcialidad y por tanto la legalidad del procedimiento impugnado-, lo que no sería menos en el caso de que España hubiese recurrido.

Es verdad que nuestra ley está repleta de dictados explicando como la extradición está fundada en conceptos de compromiso y reciprocidad. Pero es importante reconocer la naturaleza de las reglas en el derecho público internacional. 'Haga usted como esperaría que lo hagan otros".