Tribuna sanitaria: Nuevos retos para los servicios sanitarios Rafael Barba

En el conjunto de España, los servicios sanitarios son gestionados por la Administración, bien por los distintos servicios de salud de las comunidades autónomas (Osakidetza, Sergas, SAS, etcétera) o por el Insalud. En Cataluña existe una mayor variedad en los tipos de empresa que gestionan los servicios de salud de financiación pública: fundaciones privadas y públicas, mutuas, sociedades anónimas, entidades religiosas, entes de la Administración local, consorcios, empresas públicas y el propio Instituto Catalán de la Salud (ICS). En esta comunidad se han separado las funciones de financiación y compra, por un lado, y de provisión de servicios, por otro, una reforma necesaria para conseguir mayor grado de autonomía de gestión a las entidades proveedoras y para dar mayor agilidad al sector público. El Servicio Catalán de la Salud (SCS) está consolidando su papel comprador y evolucionando para asumir su papel como gran aseguradora pública.En general, todas las administraciones han creado instrumentos o entidades que gestionaran los servicios sanitarios y sociales de su competencia de manera más autónoma, con mayores niveles de flexibilidad y situando muchos aspectos de la gestión en la esfera del derecho privado (laboral y mercantil) y no del administrativo. Así, la Generalitat ha impulsado la creación de consorcios y empresas públicas sanitarias, las diputaciones han creado también empresas públicas y el Ayuntamiento de Barcelona tiene el Instituto Municipal de Asistencia Sanitaria (IMAS). Estas experiencias han proporcionando resultados positivos. Se están prestando servicios sanitarios de calidad y a costes muy aceptables, resultados que hubiera sido muy difícil o imposible conseguir desde el estricto y reglamentista marco de la Administración pública.

Como casi siempre que se consigue una meta, cabe preguntarse si hay que continuar el esfuerzo o si se está al final del camino. Dicho de otra manera: si los instrumentos actuales de gestión de las empresas públicas continuarán siendo válidos para los problemas y oportunidades que deberán afrontar en los próximos años.

Los sistemas de salud se van a enfrentar a varios retos: uno de los más importantes es el de su sostenibilidad o, dicho de otra manera, cómo conseguir los recursos necesarios para hacer frente al continuo incremento del gasto sanitario. Un desequilibrio entre ingresos y gastos se puede corregir desde los dos lados, centrándonos en la vertiente de los costos, y más concretamente en la gestión de las organizaciones. Desde esta vertiente, serán necesarios mayores grados de eficiencia, para lo cual se requerirán organizaciones más dinámicas y flexibles, capaces de rediseñar los centros sanitarios en función de la evolución de las tecnologías y de los avances científicos de la medicina y que, a la vez que presten atención sanitaria, contribuyan a la prevención de la enfermedad y / o a retrasar dependencias o invalideces.

Las empresas sanitarias también se verán obligadas a prestar la atención sanitaria de forma que dé al paciente-cliente satisfacción y seguridad. Los ciudadanos, en la medida que los niveles económicos y culturales aumentan, son más conscientes de sus derechos y solicitan mayor información sobre la enfermedad y sus tratamientos. También ante este reto se necesitarán organizaciones dinámicas y con una gran implicación de los profesionales en la mejora del servicio. Los hospitales y empresas sanitarias deberán orientarse más a la sociedad, tanto para dar cuenta de sus resultados como para proporcionar sus servicios y adaptarlos a las necesidades de la población a la que deben servir.

Esto significará que el sistema sanitario deberá ser más transparente. Los ciudadanos exigirán saber cuáles son los resultados asistenciales de los diferentes centros, cómo se encuentran sus listas de espera, dónde se opera mejor, la situación económica del centro, etcétera. Esto exigirá que las reglas del juego sean parecidas para todos, tanto desde el punto de vista de la compra de servicios como desde los instrumentos de gestión de las empresas sanitarias.

Si algunas empresas públicas sanitarias no evolucionan en sus instrumentos o en su mentalidad de gestión, sus resultados (outcomes) empeorarán y pueden incluso quedar como organizaciones marginales del sistema de salud.

Por ello, parece necesario que las empresas públicas sanitarias evolucionen hacia mayores grados de autonomía que les permita identificar su misión y valores en el marco de las necesidades y obligaciones del sistema, garantizar su viabilidad a largo plazo, vincularse a la comunidad, organizarse y combinar sus recursos de manera eficiente sin demasiados corsés burocráticos y autofinanciarse para poder mantener sus instalaciones y actualizar sus equipos en función de los avances tecnológicos. En definitiva, es necesario continuar avanzando en empresarializar la gestión de los servicios de salud.

Esta mayor autonomía, que deberá ser prevista en la legislación sanitaria, implica sin embargo un riesgo. Tanto para la Administración como para los órganos de dirección y gestores de los centros. El riesgo podríamos encuadrarlo en las consecuencias que podrían tener decisiones incorrectas que, como bien dicen los responsables de economía de los gobiernos, después pueden incrementar el déficit público. Sin embargo, si parecen necesarios en el futuro mayores grados de autonomía de decisión, habrá que encontrar nuevos mecanismos que no se limiten sólo a la norma administrativa o al antiguo control presupuestario.

La Administración continuará ejerciendo funciones de control, pero deberán encontrarse nuevos mecanismos. Destacaría dos: la creación de un Fondo de Garantía y de una Central de Resultados. El primero iría encaminado a que la Administración, junto con las organizaciones del sector, intervinieran en la gestión de los centros sanitarios cuando los resultados económicos o asistenciales no garantizasen la continuidad o viabilidad del centro. La Central de Resultados serviría para que todos los hospitales y empresas sanitarias pusieran en común su información con el fin de establecer indicadores comparables que permitieran, tanto a las propias empresas sanitarias como a la Administración y los mismos ciudadanos, decidir mejor.

Rafael Barba es gerente de la Fundació Unió Catalana d'Hospitals.